La no aprobación de la propuesta de Presupuesto municipal para 2019, que originó la prórroga de los presupuestos del año anterior, hace necesaria una nueva modificación de créditos para hacer frente a determinados gastos de carácter social comprometido, así como la incorporación del superávit de 2018 para proyectos sostenibles, que se someterá la próxima semana a dictamen de la Comisión de Hacienda para su aprobación en el Pleno municipal.

La modificación supone la incorporación de un total de 6.215.000 euros del superávit de 2018 que se destinarán íntegramente a inversiones sostenibles, además de otras partidas para hacer frente a diversos compromisos de carácter social, como un incremento de 350.000 euros en la ayuda a domicilio, lo que elevará la aportación municipal para este concepto hasta 1.850.000 euros.

En cuanto a las inversiones sostenibles, destaca el millón y medio de euros que se destinarán a un nuevo proyecto de reparación de aceras, que en esta ocasión tendrá una mayor repercusión en las calles de la zona centro de la ciudad, según manifestó el alcalde, Francisco Guarido. La continuación en la modernización a leds del alumbrado exterior se llevará un millón de euros, lo mismo que la renovación de la red de alcantarillado, que es una inversión «poco vistosa pero muy importante para la ciudad», según Guarido; mientras que se destinaran medio millón de euros a un nuevo proyecto de asfaltado y otro tanto a la adecuación y pavimentación de caminos rurales.

Entre el resto de las inversiones sostenibles previstas, destaca la construcción de sepulturas en el Cementerio Municipal (400.000 euros), la ejecución de un muro de contención de tierras en Vista alegre (200.000 euros), la adquisición de un camión pluma para el servicio de Obras (200.000 euros), así como numerosas actuaciones de mejora de infraestructuras y dotación de parques y jardines en distintos puntos de la ciudad, con presupuestos que van de 45.000 a 100.000 euros.

Son todas ellas actuaciones que ejecutará la próxima Corporación municipal, pero que sin embargo es necesario aprobar en estos momentos con el fin de que los técnicos e ingenieros que se contraten en el nuevo Plan de Empleo puedan ir trabajando en la elaboración de los proyectos para poder presentarlos en tiempo y forma y las obras se puedan llevar a cabo en los plazos previstos.

Al tratarse de inversiones financieramente sostenibles no computan en el techo de gasto pero están sujetas a unos plazos de ejecución por lo que, según manifestó el alcalde «es necesario aprovecharlas al máximo».

Con estos proyectos se incorporan la práctica totalidad de los remanentes de tesorería del pasado año, de los que solamente restarían unos 200.000 euros que, según manifestó el alcalde, se destinarán a otras actuaciones de mejora de infraestructuras deportivas.

También se presentará a dictamen de la Comisión de Hacienda el contrato de alquiler con Unicaja de los locales de la avenida de las Tres Cruces y la calle de Santa Teresa, que ocupan diversas asociaciones y que hasta ahora habían sido cedidos gratuitamente por la anterior Caja España-Duero, y por los que la nueva entidad pide un alquiler de alrededor de 30.000 euros anuales; una cantidad que a pesar de todo sigue siendo inferior al precio de mercado, por lo que se considera que es conveniente seguir manteniéndolos para que las asociaciones que los utilizan no se queden en la calle y puedan seguir desarrollando allí sus actividades.

Y la propuesta de abono de 346.300 euros a la empres concesionaria del servicio de mantenimiento de parques y jardines, para atender una reclamación de la propia empresa en concepto de «equilibrio económico», ya que el actual contrato se encuentra caducado y se siguen aplicando los mismos precios que a mediados de 2014 «cuando tanto los salarios de los trabajadores como el coste de la maquinaria ha subido desde entonces». La propuesta cuenta con el informe favorable de la Intervención municipal y de Secretaría y la conformidad de la propia empresa, por lo que no generará ningún tipo de reclamación.

Lo que sí ha generado desacuerdo es la valoración de la liquidación de los aparcamientos subterráneos de la plaza de la Constitución y el parque de San Martín, sobre la que el Ayuntamiento de Zamora reclama a la empresa Iridium una devolución de 2. 580.151 euros, frente a los casi 20 millones de euros que solicitaba la empresa en concepto de indemnización, lo que supone más de cinco veces más de lo que costaron los propios aparcamientos.

Para efectuar ese cálculo se han tenido en cuenta el coste de construcción de los dos subterráneos que el conjunto sumó 3.174.031 euros, de los que hay que detraer las amortizaciones acumuladas hasta el pasado 30 de junio, cuando se produjo el traspaso a la nueva adjudicataria, que suman 1.615.490 euros; así como una subvención de 1.143.200 euros procedentes de fondos europeos percibida por el Ayuntamiento y aportada a la empresa; la valoración de las deficiencias detectas y no asumidas por la empresa, cuantificadas en más de 600.000 euros; el importe de las plazas vendidas a particulares para el periodo de 33 años que duraba la concesión cuantificadas en 127.582 euros; y a todo ello se suma el canon anual no abonado al Ayuntamiento desde la suspensión del contrato, que asciende a 2.305.082. Lo que en conjunto arroja una deuda a favor del Ayuntamiento de 2.580.151 euros.

Como cabía esperar, Iridium ha presentado un recurso de reposición a la valoración y el requerimiento de devolución del Ayuntamiento y la propuesta que se lleva a la Comisión es la de desestimar dicho recurso y continuar con la reclamación municipal; por lo que Guarido asegura que «si la empresa quiere ir al juzgado que vaya, pero sin duda el pleito lo ganará el próximo equipo de gobierno del Ayuntamiento».