“Cientos de granjas intensivas podrán ubicarse en los pueblos sin que sus vecinos lo sepan hasta que las vean y huelan funcionar”, denuncian
Ecologistas en Acción ha pedido hoy a los grupos parlamentarios que no convaliden el Decreto del Gobierno Regional respecto a la supresión de la licencia de actividad ambiental en Castilla y León ya que afirman “vulnera los derechos a la participación y a la tutela judicial”
Desde la plataforma explican que con esta modificación de la Ley de Prevención Ambiental, la Junta exime de licencia ambiental a todas las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias no sujetas por la legislación del Estado a autorización ambiental integrada, así como a multitud de actividades susceptibles de ocasionar molestias considerables como la industria textil, la hostelería, las gasolineras y otros servicios que podrán implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen, sin información pública, informes previos ni audiencia a los vecinos.
“Esto significa que cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan hasta que las vean y huelan funcionar”, denuncian.
En opinión de Ecologistas en Acción, “la barra libre para las explotaciones ganaderas, y las industrias alimentarias va conllevar un aumento de la conflictividad social, un incremento de la litigiosidad y en definitiva una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos”.
Y añaden; “la posibilidad de que cualquier actividad textil, hostelera o de servicios se ubique libremente en áreas residenciales o junto a zonas sensibles es sencillamente un disparate en el que la Junta de Castilla y León se vuelve a situar en la vanguardia de la lucha contra el medio ambiente”.
Por ello, Ecologistas en Acción pide a los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León que “rechacen la convalidación del Decretazo autonómico, contrario a los más elementales principios de transparencia administrativa. En última instancia, intentará que sea llevado al Tribunal Constitucional a través de los parlamentarios nacionales, del Defensor del Pueblo o del TSJ de Castilla y León, mediante una cuestión de inconstitucionalidad”.
