“Trabajadores Sociales y otros especialistas de los Servicios del Ayuntamiento de Zamora ha sido determinantes para el cuarto aplazamiento del desahucio dictado por el Juzgado y, en consecuencia, la prórroga del alquiler de la vivienda que esta familia ocupa desde hace 2 años, sin pagar el alquiler desde hace varios meses, todo ello motivado por sus especiales circunstancias socioeconómicas y familiares”, así lo ha señalado este mañana el equipo de gobierno municipal en un comunicado en el que atribuye la paralización del lanzamiento a que el Ayuntamiento ha avalado el pago de una nueva vivienda en alquiler para esta familia.

Según han subrayado desde el equipo de gobierno,  el Ayuntamiento, a través del departamento de Servicios Sociales, “ha estado pendiente de la familia, ha propuesto distintas soluciones y ha garantizado que ni esta familia ni ninguna otra en situación de desahucio por impago de alquiler se “queden en la calle”. Algo que no es más que cumplir con su trabajo y sus obligaciones”.

Ha rechazado el equipo de gobierno también “las duras críticas” recibidas por los Servicios Sociales y el consistorio por parte de colectivos de apoyo a esta familia. “Ni desde el punto de vista profesional ni desde el político hemos querido responder a valoraciones de incompetencia, tratos vejatorios, maltrato institucional, falta de sensibilidad o petición de dimisiones, por respeto a las personas en situación de necesidad. Porque consideramos –como dice la ley por otra parte- que la situación familiar y los datos sociales y económicos de cualquier persona en situación de necesidad deben ser reservados y no estar en el debate público, máxime cuando se dan situaciones de violencia de género y de existencia de menores que exigen protección y reserva”.

Una vez que estas asociaciones han llevado al debate social y a los medios de comunicación la situación, el equipo de gobierno se ha visto en la necesidad de aclarar lo siguiente:

  1. La situación producida el lunes de aplazamiento del desahucio por parte del Juzgado es consecuencia directa del Informe de Servicios Sociales, y no de la presión social.
  2. La solución provisional de puesta a disposición de una vivienda de alquiler hasta la resolución de adjudicación de vivienda social por parte de la Junta también ha sido fruto del trabajo de los empleados municipales, ya que el Ayuntamiento ha avalado el alquiler y lo paga directamente al propietario a través de “cesión de derechos de cobro de la prestación económica”.
  3. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento no han sido pasivos sino que han buscado permanentemente soluciones con todos los recursos que cuentan: renta garantizada de ciudadanía desde 2015; Renta Mínima de Inserción; prestaciones de ayuda de urgente necesidad para alquiler en varias ocasiones y para la alimentación; orientación y formación para el empleo; intervención del Equipo de Apoyo a Familias del Ayuntamiento para los hijos menores. El SEPE por su parte ha concedido ayudas extraordinarias al alquiler por su condición de víctima de violencia de género (no justificada), y la Junta ha puesto a disposición una vivienda en Santibáñez de Vidriales (rechazada).

Ha señalado también el equipo de gobierno que “lo que no que no puede hacerse desde el Ayuntamiento –pese a que lo demandan algunas asociaciones- es dar una vivienda de alquiler social de las que dispone la Junta a esta familia sin resolver el procedimiento por el cual estas viviendas deben adjudicarse a través de un baremo objetivo y de informes que acrediten la situación socioeconómica a quien más la necesite, y no ignorando que puede haber situaciones tan duras como la de esta familia concreta”.

Finalmente desde el Equipo de Gobierno han lamentado “que la situación de vulnerabilidad de esta familia se haya hecho pública, sobre todo porque hay menores afectados y víctimas de violencia de género”.