Los dictámenes se refieren, fundamentalmente, a reclamaciones debidas a los daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria y al funcionamiento de los servicios públicos
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado 95 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 34 recursos durante el estado de alarma.
La mayor parte de los asuntos dictaminados se refieren a expedientes de responsabilidad patrimonial y, dentro de ellos, las consultas más numerosas son las relacionadas con reclamaciones en el ámbito sanitario y con el funcionamiento general de los servicios públicos.
Durante el citado periodo, el Consejo Consultivo ha dictaminado favorablemente el anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de flexibilizar el régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública.
Ante la situación de emergencia y excepcionalidad, la institución, ha emitido el dictamen con gran celeridad, concretamente en cuatro días hábiles tras la solicitud de la Junta de Castilla y León por procedimiento de urgencia.
Asimismo el Consejo se ha convertido en la primera institución propia que ha aprobado el Código Ético y de Austeridad. Este documento establece los criterios necesarios para garantizar la actuación ejemplar en el desempeño de funciones públicas, entre los cuales se encuentran la objetividad, la transparencia, la austeridad, la eficacia, la eficiencia y la atención preferente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y de las administraciones consultantes.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 34 recursos durante el estado de alarma sobre contratos que ascienden a más de 245 millones de euros.
Recordar, en este sentido, que el TARCCYL, tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspendió los plazos para la interposición del recurso especial en materia de contratación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación reguladas en el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, salvo que se tratara de contratos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Del mismo modo, el TARCCYL suspendió la tramitación de los recursos especiales y de las reclamaciones interpuestas hasta la finalización del estado de alarma, salvo que se tratara de contratos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. En los demás supuestos el TARCCYL dictaba resolución sobre los recursos especiales y reclamaciones cuya tramitación hubiera concluido y únicamente estuvieran pendientes de resolución.
Los recursos resueltos hasta el 7 de mayo, fecha en la que se levantó la citada suspensión e interrupción de plazos se refieren fundamentalmente a la contratación de suministro de material y mobiliario de hospital, conservación, reparación y reforma de infraestructuras viarias y mantenimiento del alumbrado público. A partir de esa fecha, los recursos resueltos también han estado relacionados con el ámbito sanitario además de otros referentes a servicios de teleasistencia domiciliaria, atención telefónica al ciudadano, limpieza de edificios y dependencias municipales, construcción de centro educativo o, entre otros, concesión del servicio público de explotación de un centro de tratamiento de residuos.
Recordar que tras la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y las sucesivas prórrogas, el Consejo Consultivo ha realizado un gran esfuerzo para adaptarse a las circunstancias extraordinarias a la vez que ha garantizado el pleno funcionamiento de la institución y la continuidad en la prestación del servicio público
