El Procurador del Común ha pedido a la consejería de Educación que abra el debate sobre la creación de una normativa que regule el uso o no de los dispositivos móviles en los centros educativos regionales. Esta petición obedece a una actuación de oficio tras conocer la problemática existente por el uso que hacen los alumnos de móviles y equipos electrónicos similares, así como la demanda que se estaría produciendo por parte de los responsables de dichos centros para que se elaboren unos criterios comunes a toda la región.

Desde este estamento consideran  que «la utilización del móvil a edades cada vez más tempranas está dando lugar a conflictos entre los alumnos y el profesorado» ya que pueden ser usados para acosar a compañeros o como instrumentos para copiar en exámenes. También detectó que los centros, dentro de sus reglamentos de régimen de interior, tienen en común las sanciones y las garantías con las que se ha de proceder ante la retirada de los dispositivos a los alumnos en aquellos casos en los que proceda.

El Procurador del Común considera que «es una cuestión que no debe quedar sin más en el contexto de la autonomía de cada centro educativo, sino que, precisamente, debería abrirse un debate, con la participación de todas las instancias de la comunidad educativa» para determinar si es necesaria una normativa sobre el uso de los dispositivos electrónicos en los centros educativos de la Comunidad o si vale con un conjunto de directrices a los centros desde la Consejería de Educación.