El Procurador del Común, en contra de que las entidades locales menores no controlen el agua de consumo humano

Esa autoexclusión se está produciendo en las provincias de León, Soria y Zamora y afecta a más de 160 poblaciones y 4.000 personas

El Procurador del Común se ha mostrado contrario a que las entidades locales menores, aquellas que tienen menos de 50 habitantes censados, puedan darse de baja en el control sanitario del agua de consumo humano. Es una situación, añaden fuentes de la institución, que afecta a entidades menores de provincias de León, Soria y Zamora y que afecta a160 poblaciones con más de 4000 personas censadas, población que en estos núcleos como mínimo se duplica en época estival.
Se han abierto 68 actuaciones de oficio específicas para conocer por qué se están dando de baja teniendo en cuenta el riesgo que puede suponer para la población.
El Procurador del Común tuvo conocimiento que algunas localidades de Castilla y León, que contaban con menos de 50 habitantes (censados) y lo solicitaban expresamente, estaban requiriendo la exclusión de la vigilancia sanitaria del agua que suministraban a través de sus redes públicas, quedando así estos abastecimientos al margen de la garantía sanitaria que se venía ofreciendo por parte de la Consejería de Sanidad en todas las zonas de abastecimiento de nuestra Comunidad independientemente del número de habitantes empadronados en el municipio o ente local respectivo.
Esta situación dio lugar a la tramitación de una actuación de oficio, a la que se unió con posterioridad una reclamación a instancia de parte presentada por una entidad local menor perteneciente a un municipio de la provincia de León que denunciaba que con esa medida se vulneraba su derecho a la igualdad y a la salud.
Tras requerir la oportuna información se puso de manifiesto por la Consejería que en efecto había Ayuntamientos que habían solicitado la autoexclusión de la vigilancia sanitaria de determinados abastecimientos, y que la única labor que realiza la Junta es la de tomar nota de dicha exclusión, lógicamente dejaba de supervisar las actuaciones municipales en esta materia, comprobando que se informaba de esta circunstancia a la población abastecida mediante bando, información que debía reiterarse cada cuatro años.
La Consejería consideraba, y así lo transmitió al Procurador del Común, que la salud colectiva en los ámbitos territoriales en los que existan varios abastecimientos no sometidos a vigilancia está garantizada por la información que se proporciona a los ciudadanos afectados, no obstante ponía de manifiesto que en algunos de estos municipios se seguía procediendo por los Ayuntamientos a la desinfección del agua de consumo y a la realización de los controles correspondientes.
En total, por los datos manejados en esta actuación de oficio y en otras 68 que se han abierto para recabar información complementaria en relación con esta cuestión, las localidades auto excluidas de la vigilancia sanitaria serian aproximadamente unas 167, afectando estas medidas a más de cuatro mil personas empadronadas (datos del INE 2017) a las que se debe añadir la población que reside de manera temporal o vacacional en estas localidades, donde se puede como mínimo duplicar en épocas estivales.
A juicio de esta Defensoría la situación de municipios con ningún suministro público vigilado o con unos vigilados y otros no podría vulnerar, entre otros, el derecho de los vecinos a acceder a la prestación del servicio público, puesto que no puede considerarse como tal la recepción de un suministro sin desinfectar, sin controlar y respecto del cual no se efectúa por la autoridad competente la oportuna vigilancia sanitaria. También los derechos a la igualdad y no discriminación (derechos estos que deben vertebrar todas las políticas públicas que tienen relación con derechos humanos), pues en este caso sería un factor poblacional, la residencia en una localidad de menor tamaño, la que condicionaría de manera definitiva si el agua que recibes en tu domicilio es salubre o no.
La desigualdad referida no solo se limita a vecinos de un mismo municipio o de estos con los municipios colindantes, sino que la situación descrita pone de manifiesto también una cierta desigualdad en el territorio, ya que existen provincias (en concreto Ávila, Segovia y Valladolid) en las que ningún municipio ha solicitado la autoexclusión, que sin embargo afecta intensamente a las provincias de León, Soria y Zamora, sin que se haya podido establecer las razones concretas que han llevado a esta situación, puesto que la realidad geográfica y demográfica en todos ellas, aun con sus características especiales, resulta bastante similar (número importante de municipios pequeños, con baja población).
El Procurador cree que la solicitud de autoexclusión nunca debería propiciar la perdida de garantía sanitaria en un suministro público, de recepción obligatoria, implantado con fondos públicos y por el que habitualmente se abonan las correspondientes tasas, ya que por el solo hecho de que nos lo proporciona una administración pública existe un plus de confianza en su calidad, en su adecuación a criterios técnicos (en el tratamiento y desinfección) y sanitarios (que no existen contaminantes que puedan afectar a la salubridad del agua), que en estas localidades a partir de este momento ya no se ofrecería.
Además no se puede olvidar que en muchos de estos núcleos, la población residente es mayor y/o vulnerable y no cuentan con posibilidades de acudir a suministros alternativos. Es más, se da la paradoja de con la regulación actual y en el caso de que la localidad tenga que suministrarse mediante cisternas y depósitos móviles (por un episodio de sequía por ejemplo) el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la salubridad y la desinfección del agua así proporcionada, garantía que perderían los vecinos en el momento en el que el agua se volviera a recibir a través de la red de distribución pública.
En la resolución que al efecto se ha dirigido a la Consejería competente, se insta a modificar o dejar sin efecto la previsión normativa (Orden SAN 132/2015) en el apartado que alude a la posibilidad de autoexclusión de los abastecimientos menores, en garantía de la completa prestación en todo nuestro ámbito territorial de este servicio público esencial con la consideración de derecho humano básico, impidiendo que se materialicen situaciones de desigualdad en cuanto a su prestación.
Por otra parte, con idénticos argumentos y en relación con la situación del abastecimiento en la localidad de la provincia de León en la que se planteó una reclamación individual en relación con esta misma problemática, formulamos una resolución al Ayuntamiento recomendándole que dejara sin efecto la auto-exclusión o solicitara nuevamente la inclusión de este abastecimiento en la red de vigilancia, ya que en este caso se daba la circunstancia de que el Ayuntamiento competente seguía realizando la desinfección y los análisis ordinarios en el suministro, por lo que a nuestro juicio carecía de sentido que, vista su responsabilidad, no gozara del oportuno respaldo a su labor por parte de la autoridad sanitaria.
En ambos casos se requirió a las administraciones (Consejería y Ayuntamiento) a incrementar la información a todos los ciudadanos sobre la situación de estos abastecimientos, información que a nuestro juicio no se debía limitar a la publicación de un bando y a su reproducción cada cuatro años, sino que debía aparecer en todo momento y por los canales adecuados (incluido el SINAC) de manera clara, permanente, visible y a disposición de cualquier persona que resida, transite o se encuentre eventualmente en la localidad, pues esta es la única manera de garantizar la salud de la población.
La Junta ha rechazado esta resolución.