El Procurador del Común, defensor de los ciudadanos de Castilla y León, ha solicitado al Defensor del Pueblo que actúe de oficio ante la situación en la que se encuentran los márgenes y cauces de ríos y arroyos. Esta solicitud viene a raíz de que las confederaciones hidrográficas son dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y, por tanto, la institución regional no puede actuar sobre ellas.
Según el Procurador del Común, las últimas riadas han provocado que «numerosos alcaldes, presidentes de juntas vecinales y ciudadanos hayan criticado la falta de limpieza que, a su juicio, han podido contribuir a incrementar tanto los daños materiales sufridos, como la sensación de alarma entre los vecinos de esos municipios como consecuencia de las inundaciones sufridas». También recuerda que «esta institución ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones como consecuencia de la tramitación de varios expedientes de queja», declarando que «las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponden a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo», mientras que en zonas no urbanas, la obligación recae en «los organismos de cuenca competentes», las Confederaciones Hidrográficas del Duero, Tajo, Miño-Sil, Ebro y del Cantábrico en el caso de Castilla y León.
Por ello, el Procurador del Común ha pedido al Defensor del Pueblo que intervenga para que «se realicen las actuaciones necesarias de limpieza y acondicionamiento de cauces en aquellos tramos situados fuera de las zonas urbanas que técnicamente se consideren prioritarios».
