Desde el Procurador del Común, se ha instado a la Junta de Castilla y León a que, en el marco de una nueva Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León, a la que se adhirieron Zamora y Benavente, se tenga en cuenta «la conveniencia de establecer algún tipo de discriminación positiva que facilite la implantación normalizada de los puntos de recarga de los vehículos eléctricos en los ámbitos rurales de la Comunidad, y no solo en las grandes urbes en las que el desafío de la electrificación del parque móvil habrá de tener menos dificultades». También ha pedido que, con la menor demora posible, «se actualice la información proporcionada a través de la página web de la Junta de Castilla y León en cuanto a los puntos de recarga instalados en el territorio de la Comunidad».

Esta actuación de oficio del Procurador del Común viene por las actuaciones que se están impulsando por parte de las Administraciones públicas para la movilidad por medio de vehículos eléctricos. Sin embargo, apuntan desde la oficina de Tomás Quintana, «el potencial de los vehículos eléctricos está condicionado a la gestión de los puntos de recarga de las baterías de estos vehículos, para los cuales ya se han impulsado algunas líneas de subvención en Castilla y León».

De esta forma, el Procurador considera que «con mayor o menor rapidez, el desarrollo e implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos necesariamente llegará a las capitales de provincia y a los núcleos con mayor población, pero la estructura territorial y demográfica de nuestra Comunidad puede exigir una implementación de medidas desde la Administración autonómica, junto con las Administraciones locales, para impulsar dicha implantación en el ámbito rural, como una medida más dirigida a que los ciudadanos de este ámbito cuenten con igualdad de oportunidades al del resto de los ciudadanos».