Para hacer frente a la situación con mayor agilidad y eficacia
La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para cuya gestión fue declarado el estado de alarma en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dio lugar a una situación sin precedentes en la que era necesaria la máxima disposición de todas y cada una de las instituciones públicas y privadas para atender las necesidades de todo tipo que la ciudadanía demandaba y que, en buena medida, están perdurando, sin que en estos momentos exista certidumbre sobre la evolución de la pandemia en el futuro.
Coincidiendo con el inicio de la crisis sanitaria, el Procurador del Común abrió, el 31 de marzo, una actuación de oficio para determinar la contribución que estaban llevando a cabo las Universidades públicas de la Comunidad, poniendo a disposición de la lucha frente a la pandemia provocada por la COVID-19 sus equipos, laboratorios, talleres, etc., así como los investigadores y otros profesionales o personal con conocimientos y habilidades que pudieran hacer sus aportaciones en todos los campos en los que fue y sigue siendo preciso actuar.
A tal efecto, en esa misma fecha, la Defensoría se dirigió tanto a la Consejería de Educación como a las cuatro Universidades públicas de la Comunidad, para que proporcionaran información sobre la cuestión expuesta, así como sobre las actuaciones que pudieran estarse llevado a cabo desde un primer momento o se tuviera previsto realizar, de forma individual, o en coordinación con otras Administraciones o entidades de todo tipo.
Aunque la naturaleza de la situación requería que la información fuera facilitada a la Procuraduría en el plazo de tiempo más breve posible y, de hecho, se requirió la oportuna respuesta en un plazo de 8 días, los informes que nos remitieron la Consejería de Educación y las cuatros Universidades públicas fueron recibidos entre el 7 de mayo, fecha en la que se registró el primero de los informes, y el día 26 de junio en el que se recibió el último de los informes, justificándose la demora en buena medida por la situación derivada del estado de alarma.
Analizada la información proporcionada, mediante nuestras resoluciones advertimos el esfuerzo de colaboración desarrollado por la Administración educativa de la Comunidad y por las Universidades públicas de Castilla y León, para poner a disposición de la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias todos los recursos materiales y personales disponibles que se habían requeridos, fundamentalmente por las autoridades sanitarias, en función de las necesidades que se presentaron en los momentos más duros de la pandemia, incluso con posterioridad al punto álgido de la crisis.
Con todo, la experiencia vivida ha de servir, de cara al futuro, para actuar si cabe con una mayor agilidad, coordinación y eficacia, debiendo asumirse la existencia de la nueva vulnerabilidad a la que está sometida la población a nivel global.
Más aun, lejos de haberse superado la crisis sanitaria, se considera que este es el momento de dedicar todos los esfuerzos posibles para la prevención y lucha frente a los efectos de todo tipo derivados de la enfermedad, fundamentalmente de tipo sanitario, social, laboral y educativo; por ello, en lo que a las Universidades públicas se refiere, con el precedente que supone la colaboración proporcionada con medios materiales y humanos en la presente situación de crisis sanitaria, se han de buscar fórmulas para normalizar esa colaboración ante situaciones futuras que así lo requieran, como parte del servicio que las Universidades públicas han de prestar a la sociedad.
Por ello, mirando al futuro, se entiende que puede ser de gran utilidad que dichos centros de formación e investigación cuenten con un protocolo de actuación ante eventuales futuras situaciones de crisis sanitarias, para aportar, en la línea de lo que han hecho y siguen haciendo en la actualidad, los medios personales y materiales disponibles (inmuebles, camas, equipos de protección, impresoras, laboratorios, etc.), designando un responsable o un equipo responsable que inicie la apertura y cumplimiento del protocolo y tome decisiones en el marco del mismo, lo que aportaría eficacia y agilidad para hacer frente a situaciones sobrevenidas.
