Los procuradores presentan una batería de preguntas en las Cortes
Los parlamentarios ponen de relieve «la alarma social generada tras ordenar la Junta a finales de marzo de 2020 no trasladar ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia producida por el COVID-19».
Ante la alarma generada tras conocerse las instrucciones que se dieron desde la Junta de Castilla y León a las residencias de carácter social de que no fueran hospitalizados los residentes durante el pico de la pandemia, los procuradores del PSOE por Zamora José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez e Inmaculada García Rioja han presentado en el Registro de las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas para su contestación por escrito.
En concreto solicitan conocer «cuántas personas de las residencias de la provincia de Zamora hubieran precisado o necesitado ser hospitalizadas y no lo fueron en virtud de las instrucciones recogidas en el documento de la Junta de Castilla y León «Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social».
José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez e Inmaculada García Rioja también piden explicaciones al ejecutivo autonómico sobre «cuáles fueron los criterios de la Junta de Castilla y León que dieron lugar a la instrucción de que no fueran movilizados ni derivados al Hospital los residentes, que se incluyó en el documento: «Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social».
Preguntan asimismo sobre «cuáles fueron los criterios por los que a mediados del mes de abril la Junta de Castilla y León cambió o modificó la instrucción dada en marzo para que no fueran hospitalizadas los pacientes de las residencias de carácter social de Castilla y León» y si «comunicó directamente la Junta de Castilla y León estas decisiones o instrucciones a los familiares de todas las personas afectadas que hubieran requerido hospitalización y que, en virtud del documento arriba señalado, no fueron hospitalizados. En caso de que se hiciera, ¿mediante qué medio se comunicó?».
Añaden los procuradores del PSOE por Zamora en su interpelación a la Junta de Castilla y León que «desde primeros de marzo de 2020 a mediados de abril de 2020 ¿cuántos respiradores artificiales había en ese momento en cada una de las residencias de carácter social de la provincia de Zamora? ¿Y en concreto, cuántos en las residencias de carácter público? ¿Cuántos en la residencia de «Los Tres Árboles» de Zamora? ¿Cuántos en la residencia para personas mayores de «Los Valles de Benavente»; ¿Cuántos en la residencia o centro asistencial para personas discapacitadas «Virgen del Yermo» de Zamora?».
Tal y como relatan en la exposición de motivos José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez e Inmaculada García Rioja «según hemos conocido la Junta de Castilla y León ordenó a finales de marzo de 2020 no trasladar ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia producida por el COVID-19. Así lo pone de manifiesto un documento de la Junta de Castilla y León, concretamente de la Gerencia de Servicios Sociales (Consejería de Familia) y de la Gerencia Regional de Salud (Consejería de Sanidad)».
«Este documento –añaden los parlamentarios socialistas- recoge «Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social». La Junta de Castilla y León cambió de criterio el 16 de abril».
En este documento se especifica que «se atendrá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital, para lo cual, se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria».
