Los procuradores del PSOE por Zamora José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez e Inmaculada García Rioja han presentado con fecha 12 d Agosto una PNL para su debate y votación ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León en la que se hacen eco de la carta del Procurador del Común de 5 de agosto de 2019 dirigida a la Consejería de Presidencia sobre actualización de la normativa en materia de seguridad y vigilancia en piscinas y zonas de baños de la Comunidad, ”.

En concreto los parlamentarios socialistas zamoranos han asumido y transformado como propuesta de resolución para su aprobación en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León las dos sugerencias formuladas por el Procurador del Común. En primer lugar instando a la Junta de Castilla y León a que “por parte del órgano competente se impulse la actualización de la normativa autonómica en materia de piscinas, atendiendo especialmente a los requisitos de seguridad que resultan exigibles para garantizar que la vigilancia en estos recintos resulte más eficaz y en cumplimiento de las determinaciones que al respecto se contienen en el IV Plan de Salud de Castilla y León”.

En segundo lugar los procuradores del PSOE por Zamora piden a la Junta “que, en su caso, se valore la inclusión en dicha normativa de las piscinas naturales en las que se efectúa el control sanitario de la calidad del agua de baño, exigiendo para estas instalaciones el correspondiente servicio de salvamento y socorrismo adaptado a las características especiales que presentan estas instalaciones”.

Tal y como destaca José Ignacio Martín Benito en la exposición de motivos del a PNL “a fecha 31 de julio 2019 ya han fallecido en Castilla y León 21 personas por ahogamiento y todos ellos en zonas que carecían de vigilancia. Durante el mes de Julio Castilla y León fue la comunidad de interior española que más fallecimientos por ahogamiento registró (11 personas) de las 94 personas murieron ahogadas en toda España, lo que supone el 11 % del país. En 2018 hubo en Castilla y León un total de 14 fallecimientos por ahogamiento”.

El procurador zamorano cita en la exposición de motivos el informe que el Procurador del Común de Castilla y León ha remitido a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y, en concreto, al Sr. Director General de Relaciones Institucionales, en relación con los expedientes 20180452 y 201804453, en relación tanto con la normativa higiénico sanitaria en las piscinas de uso público, como con la adaptación y zonas de baño natural, así como la prevención y seguridad de los lugares de baño.

“Ello es debido a las quejas que han llegado al Procurador del Común, en relación, por un lado, con la falta de adecuación y adaptación de la normativa autonómica de piscinas de uso público (Decreto 177/92, de 22 de octubre) «a la nueva realidad social que se detecta en la utilización de estas instalaciones y a los cambios normativos que introdujo el RD 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas, que actualizó la normativa estatal en la materia» añaden los Procuradores del PSOE por Zamora.

“Dado que la legislación estatal no regula los aspectos relacionados con la seguridad y la prevención en estas instalaciones (piscinas), continúan pues vigentes las disposiciones del Decreto de la Junta de Castilla y León 177/92, de 22 de octubre, por el que se aprueba la normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público en Castilla y León. Parece, según las quejas que han llegado al Procurador del Común y de las cuales este se ha hecho eco y ha motivado la actuación de la Procuraduría, que la normativa vigente «no responde de manera adecuada a los nuevos requerimientos y patrones de seguridad que deben ofrecer estos recintos» (aforo, parques acuáticos, atracciones instaladas en las piscinas, número de socorristas por metro cuadrado de lámina de agua, regulación de los materiales de flotación y de la ropa de baños, actualización de la dotación mínima de primeros auxilios, registro de incidencias.,.)” señalan José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez e Inmaculada García Rioja.

Por todo ello, se considera necesario desde la Defensoría del Común que «la introducción de todos estos elementos debe venir acompañada por un incremento del personal dedicado a la vigilancia, personal que a nuestro juicio debe elevarse en todo caso respecto al previsto en el Decreto vigente, disminuyendo los metros cuadrados a vigilar por cada uno de los socorristas o referenciando su número al aforo previsto».

Hace hincapié el Defensor del Común que la normativa de Castilla y León es la norma autonómica «más antigua de todas las disposiciones autonómicas sobre piscinas de todo el Estado español y necesita una actualización a los nuevos parámetros y requisitos de seguridad que resultan exigibles», al tiempo que considera que «una mayor presencia de personal de vigilancia en los vasos hace disminuir radicalmente el riesgo de sufrir accidentes y lesiones graves a causa de ahogamiento y es además una garantía de supervivencia y de disminución de secuelas en caso de que se sufra un accidente».