El Grupo de la Diputación de Izquierda Unida de Zamora, organiza la jornada “La despoblación en España, un problema de estado y soluciones desde la izquierda”, el próximo viernes 30 de noviembre de 2018, donde participaran como ponentes los investigadores de la Universidad de Zaragoza, Francisco Burillo y Pilar Burillo, y Julián Atienza, alcalde de La Toba (Guadalajara), miembro de la Red de Despoblación y Mundo Rural de Izquierda Unida y miembro de la comisión de Desarrollo Rural de la FEMP.
Como veremos el próximo viernes, uno de los temas más preocupantes que en el momento actual tenemos en España es la regresión demográfica. Es un problema de Estado en el que todas las administraciones públicas han de implicarse, pero de forma coordinada.
Esa regresión demográfica está llevando a un desequilibro poblacional y a la despoblación del medio rural. Encontrándonos con zonas como la Serranía Celtibérica y la franja que une España con Portugal, con menos de 8 habitantes/km2 , donde estamos viviendo en un “desierto demográfico”.
Pero mostrar la realidad no lleva a encontrar soluciones, soluciones que no son fáciles, pero que es imprescindible pensar, plantear y llevar a cabo. Por esa razón desde Izquierda Unida se plantea esta Jornada en la que Julián Atienza presentará una serie de propuestas concretas por áreas: institucional, financiación y modelo territorial, economía y empleo, servicios públicos y sociales, infraestructuras, comunicaciones y transporte, vivienda y cultura, identidad y comunicación.
La transformación solo puede lograrse con un cambio de mentalidad y de concepto de territorio, en el que el medio rural no ha de estar al servicio del espacio urbano, que convierte el medio rural en un planeamiento puramente mercantilista, como proveedor del medio urbano. Desde IU señalan que para ello hay que cambiar las políticas y sería prioritario la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya que no puede haber un desarrollo rural verdadero sin que exista la posibilidad de acceso a los Servicios Públicos básicos (educación, sanidad y servicios sociales, fundamentalmente) y una financiación municipal justa y adecuada para afrontar todos sus gastos derivados de las competencias que ejercen.
