Acusa al equipo de gobierno de publicar un “libelo inaceptable” en el que se atribuía unos méritos que no le corresponden

La plataforma antidesahucios de Zamora (PAH) ha emitido este miércoles un duro comunicado en el que carga contra el Ayuntamiento, al que culpa de que la mujer maltratada y con dos hijos que iba a ser desahuciada y que inicialmente había conseguido una vivienda en alquiler el próximo mes de marzo haya perdido esta vivienda y se vea de nuevo abocada a quedarse en la calle con sus dos hijos menores.

En el comunicado, que reproducimos integro, la PAH acusa al equipo de gobierno de publicar “un libelo inaceptable” atribuyéndose los méritos de la resolución de un caso que sigue sin resolver y que los CEAS municipales han llevado a que fracase al transmitir al dueño del piso que iba a alquilar la vivienda la corta duración del contrato.

Texto íntegro del comunicado
“Al igual que sucede en el cuento “El traje del emperador”, el Ayuntamiento está desnudo. Mas en concreto, “El Equipo de Gobierno” del Ayuntamiento de Zamora, gobernado por IU y firmante de un libelo inaceptable, no tiene ningún traje donde colgarse las inexistentes medallas. No existe ninguna vivienda que poder alquilar porque los SS.SS. (Servicios Sociales) municipales, personalizados en su Jefe de Servicio, han frustrado, con su intervención, lo que era un precontrato de alquiler, por lo que estamos como hace nueve meses, con una orden de lanzamiento y sin ninguna alternativa. De creer lo que dice el comunicado de la JGM, no se a que espera para entregar la vivienda que dicen tener a disposición de la persona afectada.

El propietario del piso, (que encontró la Pah) informado por la inmobiliaria que el pago del alquiler solamente estaba asegurado por un corto tiempo, el que el Ayuntamiento está dispuesto a pagar como ayuda extraordinaria a la extrema vulnerabilidad de la familia, ha preferido no alquilar la vivienda sin dar ninguna otra opción. Y es que los SS.SS han insistido que el pago del alquiler se iba a hacer directamente al propietario a través de una ONG y, posteriormente, por el propio Ayuntamiento, por lo que debía de ser informado.

Empecemos por poner en cuestión, una vez expuesto el porqué no se ha podido dar solución al caso, la atribución de la Junta de Gobierno al CEAS municipal de la paralización del último “lanzamiento”. Quien lo paraliza es el juzgado, aunque en la mañana del viernes la respuesta a la petición hecha por la abogada de oficio de la afectada de desahucio, a la que reconocemos su dedicación y buen hacer profesional, es un no rotundo. En la paralización del lanzamiento, la PAH contribuyó de manera importante, pues fue quien encontró la vivienda para alquilar y no el CEAS, vivienda que no estaría libre hasta primeros de marzo; quien propició el precontrato, documento presentado en el juzgado por la afectada. Al darse una nueva situación, la afectada solicita al juzgado la paralización del lanzamiento, que es respaldada por el CEAS a petición de la propia afectada. La solicitud no se resuelve hasta el mismo lunes, puesto que el viernes, día 14, se afirma desde el juzgado que el lanzamiento sigue para adelante.

Por otro lado, se nos viene a decir de manera implícita, que el papel de la PAH, que sus luchas no tienen ninguna trascendencia, que son las instituciones quienes realmente resuelven los problemas. Lo que pretenden es que seamos silenciosos, sumisos, desesperanzados, resignados, que padezcamos individualmente nuestras desgracias porque no hay nada que hacer. Que los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora pertenecientes a un partido de izquierdas como es IU, nieguen las luchas sociales, la lucha de clases, como factor de cambio social, que lleva a cabo el movimiento de la PAH, solo manifiestan que su “izquierdismo es de palacio”. La PAH existe porque se ha dado un estado de necesidad y de injusticia, de “capitalismo salvaje”, de fraude hipotecario, de estafa inmobiliaria promovida por los poderes financieros y empresariales, favorecido por las leyes y por quienes han gobernado las instituciones al servicio de estos intereses bastardos, y ante el que la gente que lo padece se rebela (uno no se rebela por llevar una camiseta con el lema rebélate), junto con otros ciudadanos y ciudadanas que la hacen suya y se solidarizan con quienes la padecen, se unen, se organizan, informan, promueven la toma de conciencia, movilizan a la ciudadanía y generan acciones en pro de soluciones alternativas a estos problemas, parando desahucios, logrando arrancar moratorias o viviendas de alquiler a los bancos, ocupando viviendas vacías de la SAREB y de los bancos rescatados con el dinero de todos, promoviendo la desobediencia civil no violenta, la solidaridad y la ayuda mutua, haciendo mas llevaderos los sufrimientos y desgracias a las que se ven abocadas muchas familias por la inoperancia de las instituciones, modificando las leyes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna como se ha hecho en varias comunidades autónomas o haciendo que Ayuntamientos (algunos) lleven a cabo políticas municipales contra los desahucios, propiciando la creación de parques públicos de viviendas de alquiler social que, desgraciadamente, no es el caso de esta ciudad. Que las acciones llevadas a cabo por la PAH de Zamora para dar una alternativa habitacional a esta familia no hayan llegado aún a una solución mínimamente satisfactoria es debido a la inoperancia de las instituciones, no a la PAH.

Cuando se nos dice, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Delegación de la Junta, que pretendemos que se le dé a la familia afectada de desahucio una de las dos viviendas vacías que hay en la ciudad, haciendo que se salten los procedimientos legales previstos para la concesión de viviendas, simplemente mienten. No aparecerá en ningún comunicado ni manifestación de la PAH de Zamora tal afirmación. Lo que si hemos criticado y calificado de incompetencia y de negligencia es que se tarde más de nueve meses en realizar este proceso ante tanta emergencia habitacional. Lo mismo pasa cuando se dice ( tanto desde la Junta como desde el Ayto) que la afectada rechazó una vivienda en Santibáñez de Vidriales. La vivienda se la ofrecieron en el 2018, dentro de las ayudas que da el estado a las víctimas de violencia de género, para que puedan cambiar de lugar de residencia. En aquellos tiempos no pendía sobre su cabeza ningún desahucio, ni estaba desesperada para llevarse a una desconocida localidad, con pocas posibilidades de movilidad y de encontrar trabajo, a la familia, siendo una necesidad insoslayable, y conllevando el desarraigo de toda la familia. De ahí su rechazo. Hasta los mismos SS.SS estuvieron de acuerdo .

Lo sorprendente de las instituciones es que ignoran nuestras reivindicaciones y se salen por la tangente. Pero seguiremos perseverando en nuestras acciones, seguiremos luchando por el derecho efectivo a una vivienda digna, que pasa por la creación de un parque de viviendas de alquiler social para resolver, no solo este caso, sino para las 135 familias que han demandado esta necesidad. Eso es lo que pedimos, pero sobre esto guardan silencio, sabiendo que, además, hemos propuesto medidas para que se haga realidad, desde la penalización de la vivienda vacía en propiedad de los bancos, convenios del Ayto y Junta con los bancos para cesión de vivienda vacía para alquiler social y la expropiación si es necesario.

Por último, en relación al comunicado de la JG del Ayuntamiento de Zamora, se nos acusa de no preservar la privacidad del caso. Los únicos datos que hemos dado, con el consentimiento de la persona afectada, es que se trata de una madre con dos menores y víctima de violencia de género, datos que fundamentan la gravedad del caso. No se ha dado ningún otro dato por el que se pueda identificar a esta familia. Y nos acusan los mismos que hacen público sin venir a cuento, de manera cínica, de las ayudas institucionales recibidas a favor de la afectada, solo para decir que el bienestar de la familia ha sido una preocupación constante del CEAS. Seguimos sosteniendo que el trato recibido por los SS.SS. municipales ha sido vejatorio y humillante, lleno de veladas amenazas, tratada como súbdita y no como una ciudadana con derecho a recibir las ayudas que le corresponden según la legislación, ayudas que no las dan los SS.SS. sino el Estado, que su labor es averiguar que realmente tiene derecho a ellas. Además, la información que aporta la JGM contiene errores de bulto cuando se afirma en el comunicado que en “el 2019 la ayuda recibida por el SEPE de 1721,11 al alquiler no ha sido justificada”, cuando esta ayuda del SEPE se da en febrero de 2018, NO AL ALQUILER, sino al CAMBIO DE CASA y cuando este cambio ha sido ya realizado. Nos preguntamos el porqué de todos estos datos sobre la afectada de desahucio, cuando no vienen al caso. Suponemos que se hace, en el mejor de los casos, para convencer a la opinión pública de lo bien que lo hacen, pero mucho nos tememos que lo hacen con el fin de generar una imagen negativa sobre una persona haciendo creer que abusa de las ayudas institucionales, de vivir del cuento y, de paso, poner en entredicho a la PAH por defender casos como éste. Solo hay que darse una vuelta por los comentarios que aparecen en la red para confirmarlo. Todo esto tiene nombre, criminalizar la pobreza y justificar la falta soluciones ante los problemas.
Lo que si debieran de tener muy presente quienes gobiernan las instituciones, independientemente de su color político, es que desde la PAH exigimos que nuestros representantes políticos dejen de ser rehenes de bancos, grandes propietarios, oligopolio eléctrico y demás privilegiados, para ponerse, de una vez por todas, al lado de las personas de este país que se le niegan sus derechos, de la plebe, de los pobres, porque como bien dice el propio Philip Alston, relator especial de la ONU, «la pobreza es una elección política».