La plataforma ciudadana Viriatos,  junto con la asociación Terra SOStenible, han anunciado este lunes su participación en la reunión del Consejo Consultivo de Castilla y León sobre “Despoblación y Fondos Regionales”, que organiza la Oficina del Parlamento Europeo en España. Ambos colectivos aprovecharán este foro para reivindicar el fallido Plan de Choque “ Zamora existe”, junto a la inminente  puesta en marcha de medidas urgentes que deberán contemplarse en los presupuestos del 2019.

  

Dentro de este foro, Viriatos y Terra SOStenible pondrán sobre el tapete las causas principales del abandono institucional hacia esta provincia. Entre sus reivindicaciones, ambas asociaciones reclamarán “un plan de desarrollo y crecimiento sostenible  para la provincia de Zamora, garantizando dentro de la Región de Castilla y León, su equilibrio interprovincial , frenando las fuertes desventajas que actualmente concurren en esta provincia  que además de ser fronteriza, ocupa parte de la periferia de la Región, junto a zonas de montaña, y su alta despoblación,  lo que genera unas circunstancias más que especiales ( así contempladas por la U.E)  y hasta la fecha prácticamente ignoradas”.

Recuerdan ambas asociaciones  que en febrero de 2001, los agentes socio-económicos de Zamora se unieron para reivindicar un “Plan de Choque” especial de equilibrio interprovincial bajo el nombre de ZAMORA EXISTE, al igual que Teruel. Se llegó a un acuerdo entre fuerzas pero el Plan estratégico para cambiar la cofinanciación no se llegó a realizar.

Denuncian desde la plataforma Viriatos  que la Junta de Castilla y León ha permitido y sigue permitiendo un desequilibrio interprovincial generando desigualdad en el reparto de recursos entre provincias de 1ª, 2ª y 3ª categoría.

Pedirán ambas asociaciones que la Junta “se quite la venda con esta sufrida y callada provincia para que Zamora sea considerada  como lo que es, y atendiendo a sus indicadores un territorio menos desarrollados como actualmente son las provincias de Cáceres o de Badajoz, y no una zona más desarrollada  para recibir los fondos estructurales comunitarios que nos corresponden por derecho, y disfrutar de unas condiciones de partidas  al menos igualitarias con el resto de los territorios.