Coincidiendo con la celebración de los Consejos de Ministros, los policías han protestado de forma pública este viernes exigiendo la paralización del expediente en el Ministerio de Hacienda “que lleva 6 meses sin dar la autorización necesaria para que lo apruebe el Consejo de Ministros”.
Advierten que “el retraso del decreto puede generar serios problemas a los ayuntamientos, porque en muchos podrían quedar colapsados los servicios de policías locales, debido a la elevada edad media de los agentes”.
La Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación de la Policía Local, que integran las organizaciones sindicales CSIF, CC.OO, UGT, CSC y COP ha informado que la continuidad o no de las movilizaciones dependerá de la diligencia con la que actúe el Gobierno, para acabar con este proceso y que la jubilación anticipada sea una realidad.
En su manifiesto, la plataforma ha incidido en que “la actitud del Ministro es la causante de esta situación ya que a sabiendas de la imperiosa necesidad que existe de rejuvenecer las plantillas, aún no se ha dignado a evacuar desde su Ministerio el informe”.
CSIF ha insistido en que la aprobación del decreto de la jubilación anticipada de la Policía Local cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el del Gobierno, así como la aceptación de la Federación Española de Municipios y Provincias. “Es una petición que cuenta con el apoyo de todas las partes que están afectadas, incluida la administración central, por lo que no entendemos el porqué de la paralización del proceso”, han remarcado.
Según ha comentado el responsable de Seguridad de CSF de Castilla y León, Valentín Martínez, “los ciudadanos tienen que saber que la aplicación de la jubilación anticipada a los policías locales no supondrá gastos y costes añadidos a las cuentas públicas, ya que los pagos de la diferencia de las cotizaciones de la Seguridad Social, hasta los 65 años, las pagarán los ayuntamientos, siendo compensadas con la antigüedad y otros complementos de los agentes que se dejan de pagar, por jubilarse a los 60 años».
Martínez ha asegurado que la jubilación anticipada es “razonable y conveniente”, ya que garantiza una mejor seguridad a los ciudadanos, y también salvaguarda la integridad física y la salud de los agentes locales. Por último, argumenta que «un policía de 60 años ya no está en las condiciones físicas -e incluso psicológicas- que exige la realización de ciertos servicios y tareas que tienen cierto riesgo. Asimismo, la aplicación de la jubilación anticipada en la Policía Local supone una equiparación respecto a otras fuerzas de seguridad y otros servicios públicos».
