La subasta de 66.000 toneladas de madera deja dos millones de euros a 16 pueblos

La Consejería de Fomento ha adjudicado 23 lotes de madera de pino

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en nombre de las entidades propietarias de los montes, ha adjudicado 23 lotes de madera correspondientes a dos expedientes de contratación en Zamora, por un importe de más de dos millones de euros.

En total, se han subastado más de 66.000 toneladas de madera de pino (silvestre, pinaster y laricio) procedentes de 26 montes que ocupan 1.300 hectáreas y se extienden a lo largo de 16 términos municipales (Muelas de los Caballeros, Espadañedo, Manzanal de los Infantes, Rosinos de la Requejada, Puebla de Sanabria, Pedralba de la Pradería, Manzanal de Arriba, Otero de Bodas, Villardeciervos, Ferreras de abajo, Tábara, Mahíde, Alcañices, Rábano de Aliste, San Vitero y Fonfría). Con esta actividad se han obtenido 2.036.596 euros, lo que ha supuesto un incremento del 75 % sobre el precio base de licitación. El precio medio por tonelada alcanzó los 26 euros, aunque el lote más valorado ha llegado a los 49 euros por tonelada. Las maderas más valoradas son las masas de mayor edad, con mejor desarrollo y superiores calidades de estación, mientras que las que tienen un menor coste son las primeras claras en las masas más jóvenes.

Además de los recursos económicos que producen gracias su multifuncionalidad, estas actuaciones ayudan a romper la continuidad del combustible vegetal en los montes, frenando la propagación de posibles incendios. Asimismo, las empresas encargadas de recoger la madera deben dejar la zona de aprovechamiento tal y como la encontraron y restaurar los caminos usados para desarrollar la labor

Las entidades propietarias de los montes de utilidad pública, mayoría en este caso, serán las únicas benefactoras de la recaudación, mientras que en los casos en los que haya consorcios o convenios previos, se ingresará el porcentaje correspondiente acordado. Para estos casos existe la posibilidad de transformarlos en montes de utilidad pública, previo procedimiento iniciado a solicitud de las entidades locales.

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