El Consejo de Ministros del pasado viernes 3 de agosto aprobó el Real Decreto-Ley que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil para devolver las competencias en materia de igualdad y de violencia de género a los ayuntamientos.
De esta forma, el Gobierno doblará en 2019 los recursos de los municipios –de 20 a 40 millones de euros- para luchar contra la violencia machista, además de fortalecer la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de la violencia de género. Además, se amplían las situaciones de violencia de género más allá de la sentencia o resolución judicial, y los menores no tendrán que recibir permiso del maltratador para recibir atención psicológica.
Si bien aún no se conocen la cuantía ni los mecanismos de financiación que le corresponden al Ayuntamiento de la capital zamorana, la concejala afirma que esta medida les permitirá “poner en marcha nuevas medidas y reforzar las emprendidas durante los últimos meses”. Sí se sabe que los criterios de distribución entre las Comunidades Autónomas se realizarán en función de criterios como el porcentaje de mujeres de la población de una comunidad autónoma, el porcentaje de mujeres mayores de 65 años, la tasa de desempleo femenina, la población rural o la densidad de población, entre otros factores.
Adoración Martín, concejala de Igualdad y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Zamora, valora muy positivamente el reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tras la paralización de dicho pacto por el anterior Gobierno del PP.
La concejala incide además en que el acuerdo «ha sido un cierre de filas para que esta democracia no se vea abocada a asesinatos de mujeres”. Asegura que este Gobierno actúa con «firmeza» contra el «problema de Estado» que es la violencia de género, pues desde 2003, cuando se comenzaron a elaborar estadísticas, 947 mujeres han sido asesinadas y 202 menores han quedado huérfanos. “Una terrible realidad que es necesario erradicar».
Ha destacado también que «el Gobierno tiene intención de reformar el Código Civil para incrementar la protección de los menores, reclamando unanimidad a los grupos políticos para que estas modificaciones legales puedan salir adelante, y que también ha expresado su intención de elaborar una futura ley contra la Trata de Personas».
