A juicio de la formación zamorana, después de 4 años de tramitación y de promesas de modernización, la Consejera zamorana firma una Ley inútil.

Hace 50 años que en Zamora no se construye una residencia pública de ancianos cuando el número de posibles usuarios se ha duplicado. Sólo en los últimos 20 años la población mayor de 65 años ha aumentado un 20 %, pasando de tener 12.880 personas mayores a más de 16.000.

Sin embargo, la ciudad de Zamora y los pueblos de sus alrededores se han llenado de residencias privadas con unos costes que, o son imposibles de asumir por muchas familias, o suponen dedicar todos los ahorros y propiedades que los ancianos han acumulado a lo largo de sus vidas a estar atendidos en estas residencias.

Hoy 14 de mayo, entra en vigor la nueva Ley de Residencias de Castilla y León después de un largo trámite de 4 años en el que se han realizado declaraciones afirmando que esta Ley supondría un avance importante, un nuevo y moderno modelo adaptado a las nuevas exigencias de la sociedad, con unidades de convivencia que garantizarían una atención adecuada a los ancianos y la posibilidad de tener más autonomía, que aumentaría la plantilla de profesionales en los centros, que habría equipos multidisciplinares con médicos, enfermería, fisioterapeutas y trabajadores sociales para atender las necesidades de la población cada vez con más edad, etc….

Pues un equipo de AHORA DECIDE, ante uno de los problemas sociales más importantes de la capital de provincia más envejecida de España, ha analizado el contenido de esta nueva Ley que mañana entra en vigor y ha sacado las siguientes conclusiones:

1.- No apuesta por el aumento de residencias públicas. Sólo una de cada 12 plazas de residencia de personas mayores es pública en Castilla y León y así seguirá siendo con esta Ley.

2.- No contempla ningún compromiso presupuestario. Eso supone que se puede quedar en una simple declaración de intenciones.

3.- No señala el número mínimo de profesionales que deben tener las residencias en función del número y tipo de plazas. Eso supone que no se garantiza una adecuada atención y una puerta abierta peligrosa para las residencias privadas y públicas.

4.- No resuelve la necesidad de que las residencias tengan un número mínimo de plazas de convalecencia sociosanitaria para las personas que son dadas de alta después de una operación.

5.- No establece que las residencias cuenten con equipos multidisciplinares que faciliten servicios adecuados a la atención centrada en las personas.

6.- No exige que todas las residencias tengan “unidades de convivencia”. Medida anunciada 100 veces por la Consejera para garantizar una atención centrada en la persona.

7.- No incluye ninguna mejora importante para ayudar a aquellas familias que tengan los mayores en sus casas. Este es el modelo que se está potenciando con ayudas importantes en otros países comunitarios

La conclusión general es evidente: Esta nueva Ley, si no se desarrolla reglamentariamente, no garantiza ninguna mejora significativa para los ancianos de esta Comunidad. Se pierde una oportunidad para avanzar y modernizar servicios esenciales en una Comunidad cada vez más envejecida.

Desde AHORA DECIDE se pide a la Consejera zamorana: que impulse el desarrollo reglamentario de esta Ley concretando todos estos aspectos, demostrando que las promesas de tener residencias centradas en la atención a las personas será una verdad en el medio plazo.
Reitera

una vez más, la necesidad de contar con dos residencias públicas de ancianos en la ciudad de Zamora para tener un aumento significativo de plazas de válidos y dependientes que esta ciudad necesita.

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