Las dos se remontan en el tiempo más de 40 años y en ambos casos tanto el presunto abusador como las víctimas han fallecido
La Oficina de Protección de Menores y Personas Vulnerables dependiente de la Diócesis de Zamora ha presentado este viernes a través de sus máximos responsables la actividad desarrollado desde su puesta en marcha en 2020. Un balance no demasiado extenso dado que la oficina solo ha tenido constancia de dos denuncias por abusos en la provincia y una de ellas se remonta a los años 50 del siglo pasado y la otra a la década de los ochenta. En ambos casos, tanto los presuntos agresores como las víctimas han fallecido.
El responsable del Comunicación del Obispado, Juan Carlos López, ha explicado que del primer caso, que se remonta a 1950, se tuvo conocimiento a través de un reportaje del diario El País, que se hizo eco de una denuncia de un familiar o un conocido de una presunta víctima. En dicho reportaje se hablaba de un posible caso de abuso sexual en Toro, sin que desde la Oficina se haya podido esclarecer lo ocurrido ni recabar más información que no sea la publicada por el periódico.
El segundo caso se remonta a los años 80 y la Oficina de Protección de Menores tuvo conocimiento del mismo a través de una comunicación de la Fiscalía el pasado mes de marzo, en la que se refería un posible caso de abuso sexual también en Toro. La Diócesis solo pudo confirmar la presencia del sacerdote denunciado en aquellos años y de la víctima, pero no recabar dato alguno sobre el presunto abuso. En esta misma línea, la Fiscalía decidió el pasado mes de abril archivar la causa.
El obispo de Zamora, Fernando Valera, se ha mostrado contundente a la hora de señalar que la Iglesia “condena de forma rotunda los casos de abusos sexuales a menores” y ha insistido en que debe de haber una “tolerancia cero” con respecto a este tipo de conductas.
La Oficina de Protección al Menor de Zamora, que cuenta con cinco profesionales, dos de ellos sacerdotes y tres laicos, especializados en este tipo de casos, ha puesto en marcha un protocolo de actuación para todos los ámbitos en los que hay menores y ha editado una guía de buenas prácticas con la que se pretende llegar a todas aquellas personas que en el ámbito de la Iglesia están en contacto con menores.
