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UPL reclama a la Junta que auxilie a los ayuntamientos para poder cumplir con las obligaciones que les deriva la Ley de bienestar animal

Los leonesistas apuntan las dificultades que plantea para los municipios, especialmente los de menor tamaño, y recuerdan a la Junta que la Ley le habilita a asumir subsidiariamente dichas responsabilidades, así como a impulsar normativa autonómica que exima a los ayuntamientos de ellas

Ante las dificultades que plantea a los ayuntamientos, y especialmente a los de menor tamaño, el cumplimiento de las responsabilidades recogidas en la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas instando a la Junta a impulsar medidas para auxiliar a los ayuntamientos para el cumplimiento de dichas responsabilidades.

De este modo, desde UPL piden a la Junta, en primer lugar, que ponga en marcha algún tipo de órgano que permita la recogida de animales extraviados y abandonados, la recogida y atención veterinaria de estos animales, su alojamiento en centros de protección animal o el control poblacional no letal de la fauna urbana a que hace referencia el artículo 22 de dicha ley.

En este aspecto, si bien el artículo 22.4 de la Ley 7/2023 apunta que la gestión y cuidados de los animales desamparados o cuyos titulares no puedan atenderlos debido a situaciones de vulnerabilidad “en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, corresponde a la Administración local”, los leonesistas recuerdan que dicho artículo también recoge que puede corresponder “subsidiariamente, a la autonómica”.

Por ello, desde UPL piden a la Junta que asuma dichas responsabilidades de forma subsidiaria ante la dificultad que supone para los ayuntamientos, y especialmente para los de pequeño tamaño, sobre los que recuerda “su escasez de medios personales, técnicos y económicos” para poder cumplir con las responsabilidades recogidas en la Ley 7/2023, derivadas a los ayuntamientos en los casos de ausencia de normativa propia de la comunidad autónoma.