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El PSOE llevará a las Cortes los retrasos del Centro Cívico de Zamora y exigirá una fecha definitiva para su apertura

Los procuradores socialistas reclaman explicaciones a la Junta sobre una infraestructura de 5,8 millones de euros cuyo plazo de ejecución finalizó hace más de dos años

El Grupo Parlamentario Socialista llevará a las Cortes de Castilla y León los continuos retrasos que acumula el futuro Centro Cívico de Zamora. Los procuradores socialistas por la provincia han registrado una pregunta oral en la Comisión de la Presidencia para que la Junta explique las causas del incumplimiento de los plazos y concrete una fecha definitiva para la apertura de una infraestructura cuya finalización estaba prevista para junio de 2024.

El PSOE recuerda que el Centro Cívico formaba parte del protocolo institucional suscrito en 2017 entre la Junta y el Ayuntamiento de Zamora, junto al Conservatorio Profesional de Música y el Museo de Semana Santa. Ocho años después, los socialistas denuncian que ninguno de estos proyectos se ha culminado conforme a los plazos previstos, destacando que el Centro Cívico sigue sin estar terminado pese a que el periodo de ejecución concluyó hace más de dos años.

La actuación, adjudicada por cerca de 5,8 millones de euros, contempla la rehabilitación y ampliación del antiguo Laboratorio de Control de Calidad para crear un edificio dotado de un salón de actos con capacidad para más de 250 personas, salas polivalentes, espacios para asociaciones y diferentes servicios públicos. Sin embargo, el PSOE sostiene que las sucesivas modificaciones administrativas, reajustes de anualidades y ampliaciones de plazo han retrasado su puesta en funcionamiento sin que la Junta haya ofrecido explicaciones claras sobre el calendario definitivo.

El procurador socialista Iñaki Gómez ha reclamado «certezas» sobre el estado del proyecto, el coste final de las obras y la fecha en la que los zamoranos podrán hacer uso de unas instalaciones que considera estratégicas para la ciudad. En este sentido, ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué está ocurriendo con una inversión sufragada con fondos públicos y ha pedido a la Junta que actúe con transparencia y deje atrás los continuos anuncios sin resultados.