La Junta no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y anuncia recursos judiciales contra los expedientes de traslado que no concluyan con el retorno a Marruecos
Castilla y León ha decidido no asistir a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para el próximo 13 de agosto y ha reclamado al Gobierno central que los menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta sean retornados a sus países de origen, en lugar de ser trasladados y repartidos entre las diferentes comunidades autónomas. La posición de la Junta se centra especialmente en los menores llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio y se fundamenta, según el Ejecutivo autonómico, en la necesidad de priorizar la reunificación familiar y el retorno al país de origen.
El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha trasladado esta posición a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed Rego, mediante una carta en la que señala que Castilla y León no acepta el traslado de estos menores mientras no se hayan tramitado y resuelto de forma individualizada los expedientes necesarios para determinar su situación jurídica.
La Junta sostiene que el Gobierno central debe ejercer previamente sus competencias y resolver cada caso de manera individual, incluyendo la localización de familiares, la determinación de la edad, la valoración del interés superior del menor y la resolución sobre su posible retorno. Por ello, considera que no debe trasladarse a las comunidades autónomas la responsabilidad de atender a menores cuya situación jurídica todavía no haya sido resuelta por el Estado.
En este sentido, Castilla y León reclama que los menores sean retornados a Marruecos cuando proceda, mediante la reunificación familiar o su entrega a la autoridad tutelar marroquí, una vez completados los procedimientos individualizados. La Junta defiende que el interés superior del menor debe estar vinculado, en primer término, a la reunificación familiar y al retorno al país de origen, y rechaza que el mecanismo de distribución territorial entre comunidades pueda sustituir a estos procedimientos.
El Ejecutivo autonómico considera además que no corresponde a Castilla y León decidir sobre la permanencia en España de estos menores, al entender que esta cuestión debe ser resuelta por el Estado mediante los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería. Por ello, solicita formalmente al Ministerio que no prepare, acuerde ni ejecute traslados desde Ceuta hacia esta comunidad mientras no hayan concluido los expedientes individualizados exigidos por la legislación.
La Junta va más allá y anuncia que impugnará judicialmente todos y cada uno de los expedientes individuales que, a su juicio, no finalicen con el retorno a Marruecos. De esta forma, Castilla y León mantiene una posición frontal contra el reparto territorial de estos menores y reclama al Gobierno que la prioridad sea resolver su situación individual y, cuando corresponda, garantizar su regreso a sus países de origen en lugar de proceder directamente a su distribución por el resto del territorio nacional.
La decisión se produce además en el marco de la Conferencia Sectorial en la que está previsto abordar la distribución territorial a Ceuta de 25 millones de euros destinados durante 2026 a financiar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. La Junta vincula su ausencia a su rechazo al modelo de traslado y distribución de menores mientras no se hayan completado previamente los procedimientos legales de cada uno de ellos.
