El portavoz de la organización, Javier Coco, alerta de que los arrendamientos en Zamora han pasado de 350 a cerca de 700 euros en cinco años, ahogando a una población con los salarios más bajos del Estado
El Sindicato de Inquilinas de Zamora ha exigido este lunes la aprobación inmediata del «Decreto MariCarmen» y ha denunciado el grave encarecimiento del mercado del alquiler en la capital zamorana, donde los precios se han incrementado hasta un 50% en los últimos cinco años. Tras el reciente desahucio por parte de un fondo buitre de Mari Carmen, integrante de la organización madrileña, el colectivo local ha alzado la voz esta tarde en la plaza de Castilla y León de Zamora para advertir de que este caso refleja la realidad diaria de familias trabajadoras, jóvenes y personas mayores expulsadas continuamente de sus viviendas en un país donde todavía se ejecutan cerca de 80 desahucios diarios.
Ante la celebración del próximo Consejo de Ministros, el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zamora, Javier Coco, ha trasladado una petición clara al Ejecutivo exigiendo la adopción del «Decreto Mari Carmen» como única vía para atajar la crisis habitacional. La organización condiciona la utilidad del Gobierno a la aprobación de cuatro medidas urgentes: la contención y reducción de unos precios de alquiler en máximos históricos frente a salarios estancados, la prohibición total de los desahucios sin alternativa habitacional, la reforma de la ley para terminar con el fraude de los alquileres de temporada y por habitaciones, y la implantación de contratos de arrendamiento indefinidos que garanticen la estabilidad de las familias y eviten el desarraigo periódico en los barrios.
Asimismo, Coco ha puesto el foco en la situación específica que vive la capital zamorana, donde inmuebles que hace un lustro se alquilaban por 350 euros rondan en la actualidad los 700 euros mensuales, mientras que los apartamentos más pequeños de una sola habitación superan ya los 450 euros. Aunque Zamora figura formalmente entre las capitales de provincia con las rentas más bajas del Estado, el portavoz ha remarcado que la ciudad cuenta también con uno de los niveles salariales más reducidos, lo que está provocando que los propios vecinos sean expulsados de sus barrios e incurran en situaciones de «desahucio invisible» al no poder asumir las subidas planteadas al finalizar sus contratos.