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El obispo de Zamora reorganiza los servicios jurídicos diocesanos y separa las funciones de gobierno y de justicia

Fernando Valera firma nuevos nombramientos que sitúan a Raúl Román al frente de la nueva Delegación Episcopal y designan a Juan José Carbajo como nuevo vicario judicial, desligando este cargo de la Vicaría General

La Diócesis de Zamora ha anunciado una profunda reorganización de sus responsabilidades judiciales y servicios jurídicos diocesanos impulsada por el obispo, Fernando Valera, firmada el pasado 15 de octubre. La medida principal radica en la separación entre las funciones ejecutivas del gobierno diocesano y la administración de justicia, permitiendo que la Vicaría General y la Vicaría Judicial dejen de recaer en una misma persona.

De este modo, Pedro Faúndez Mayo cede el testigo de la Vicaría Judicial a Juan José Carbajo Cobos —hasta ahora notario y actuario del tribunal—, quien asume el cargo por un periodo de tres años. Faúndez continúa como vicario general de la diócesis y pasa a desempeñar las funciones de juez diocesano.

Asimismo, la remodelación contempla la creación de la Delegación Episcopal para la Coordinación del Tribunal Eclesiástico, Asuntos Jurídicos, Administrativos y Civiles, liderada por Raúl Román Sánchez como promotor de justicia por un trienio. El objetivo de este nuevo órgano es dotar a la diócesis de un apoyo especializado para garantizar la correcta aplicación del derecho, la seguridad jurídica y la transparencia con el ordenamiento civil.

El organigrama del Tribunal Eclesiástico y los servicios jurídicos para los próximos tres años se completa con los siguientes nombramientos:

  • Vicario judicial adjunto: José Francisco Matías Sampedro.

  • Jueces diocesanos: Pedro Faúndez Mayo y Edgardo Rivera Chica.

  • Notario actuario: José Manuel Rubio Maldonado, encargado de dar fe y autenticar la documentación judicial.

  • Abogado y letrado de la Diócesis: Israel López Campos, quien asumirá además la dirección técnica de la asesoría jurídica, la gestión de recursos humanos y el cumplimiento normativo e integridad institucional (incluyendo el canal de denuncias).