La iniciativa de Unión del Pueblo Leonés pretendía un reasfaltado integral del tramo de la SA-305, afectado por un grave deterioro del firme y baches que comprometen la seguridad vial
La Comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León ha rechazado, gracias a la mayoría parlamentaria de Partido Popular y VOX, la Proposición No de Ley presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para la rehabilitación integral del tramo en mal estado de la carretera autonómica ZA-305/SA-305. La iniciativa buscaba la reparación de la vía entre la localidad salmantina de Ledesma y el límite provincial con Zamora, un trayecto de unos siete kilómetros que presenta un deterioro notable marcado por numerosos baches y desconchones que dificultan la conducción.
Durante la defensa de la propuesta, la procuradora leonesista Rosa María Quintanilla tildó de bochornoso el estado actual de la calzada y subrayó que la conservación del firme deja mucho que desear. La representante de UPL enfatizó la trascendencia de esta arteria de comunicación al conectar de forma directa la villa de Ledesma con la capital zamorana, actuar como enlace hacia el Campo Charro y servir de vía de acceso a la carretera CL-517 hacia municipios como Vitigudino o Lumbrales. Desde la formación se recordó además que, al ser una carretera de titularidad autonómica, la responsabilidad de mantener las condiciones de seguridad vial recae de forma exclusiva sobre la Junta de Castilla y León.
Por su parte, el Partido Popular presentó una enmienda que pretendía eliminar las fechas propuestas por UPL para iniciar los trámites —planteados entre 2026 y el primer semestre de 2027— y sujetar la actuación a las disponibilidades presupuestarias de la administración. La postura fue criticada por los leonesistas, quienes argumentaron que la corta longitud del tramo afectado no requiere un desembolso económico elevado, sino una verdadera voluntad política. Asimismo, UPL urgió a la Junta a elaborar el nuevo Plan autonómico de Carreteras, caducado desde 2020, en un contexto en el que la prórroga presupuestaria existente desde 2024 complica el conocimiento detallado de las futuras planificaciones de infraestructuras.
