El alcalde de la capital, Francisco Guarido, y la portavoz de la plataforma en defensa del centro reclaman claridad a la Junta y defienden que las instalaciones sigan operativas como residencia de mayores para sumar más de 300 plazas junto a la de Vista Alegre
Más de mil personas se han manifestado este domingo por las calles de la capital para reclamar la continuidad de la residencia de Los Tres Árboles. Se han concentrado en la plaza de La Marina para luego bajar hasta las puertas de la residencia donde han pedido a la Junta que se comprometa a mantenerla abierta en el futuro. Nieves Turiel, portavoz de la plataforma, ha calificado el cruce de declaraciones sobre el futuro del centro como «un juego para despistar y confundir», subrayando que los residentes tienen derecho a conocer la verdad sobre su futuro inmediato.
Asimismo, ha denunciado que la reunión solicitada con la Junta no sirvió para clarificar nada, ya que la administración elude la palabra cierre pero no explica el motivo por el cual pretende trasladar a los actuales usuarios a otro emplazamiento si supuestamente la residencia continúa su actividad.
Desde la plataforma se advierte que retirar a los residentes y a los trabajadores equivale en la práctica a clausurar el edificio, por lo que el rechazo al cierre es unánime en los distintos sectores sociales consultados. El objetivo innegociable de las movilizaciones pacíficas es garantizar que la instalación mantenga su carácter público y no derive hacia una gestión privada.
Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha señalado que la manifestación pretende trascender los ciclos políticos y los grupos municipales para consolidarse como una reivindicación unitaria de toda la ciudad. Guarido ha recalcado que la meta principal es que Los Tres Árboles siga abierta como residencia de ancianos y complemente al centro en construcción de Vista Alegre para superar conjuntamente las 300 plazas.
El regidor también ha recordado el vínculo histórico del terreno, que hace más de cinco décadas perteneció al Ayuntamiento y consta en el inventario como bien reversible —si bien el plazo legal de los 30 años ya ha decaído—, argumentando que el consistorio debe impulsar y respaldar cuantas movilizaciones sean necesarias para que el espacio conserve el uso asistencial para el que fue donado originalmente al Estado y que ahora gestiona la Junta de Castilla y León.