El presidente provincial asegura que todavía no ha recibido la notificación judicial y sostiene que la institución trabaja con una consultora internacional y sus servicios jurídicos para garantizar un procedimiento «legal, garantista e igualitario» que permita implantar un proyecto empresarial
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha defendido este viernes la actuación del equipo de Gobierno provincial en relación con los terrenos de Barcial del Barco, después de conocerse la presentación de una querella contra él y el expresidente de la institución Francisco Requejo por las decisiones adoptadas sobre estas parcelas, propiedad de la Diputación. Faúndez ha asegurado que, a pesar de que la existencia de la querella se ha conocido públicamente, la institución todavía no ha recibido ninguna notificación judicial ni el auto de admisión, por lo que ha señalado que procederá a realizar una valoración jurídica cuando disponga de toda la documentación. El presidente provincial ha apuntado que el querellante sería, supuestamente, Vicente Merino.
Faúndez ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar las actuaciones realizadas por la Diputación en relación con estos terrenos y defender que el objetivo de la institución sigue siendo favorecer la implantación de una actividad económica que genere empleo y riqueza en la provincia. En este sentido, ha recordado que las parcelas fueron adquiridas durante el anterior mandato con esa finalidad y que la Diputación dispone de la facultad de revertir la compra en las condiciones establecidas, una posibilidad que, sin embargo, no ha ejercido hasta el momento para mantener abierta la opción de desarrollar un proyecto empresarial.
El presidente ha explicado que la Diputación ha contratado a una consultora de reconocido prestigio internacional para que asesore a la institución sobre el procedimiento de licitación que debe seguirse y la elaboración de la documentación administrativa necesaria. Actualmente, ha indicado, la consultora trabaja en coordinación con los servicios jurídicos provinciales para determinar las condiciones que permitan poner los terrenos a disposición de posibles iniciativas empresariales. «Siempre buscando una solución legal, garantista e igualitaria», ha subrayado.
Una vez que la consultora entregue su informe y los servicios jurídicos de la Diputación lo estudien, el equipo de Gobierno adoptará la decisión que considere más adecuada tanto desde el punto de vista de la legalidad como de los intereses generales de la provincia. Faúndez ha insistido en que esos intereses públicos deben prevalecer sobre cualquier interés particular y ha advertido de que estos últimos «nunca van a mediatizar» las decisiones que adopte la institución.
En relación con las posibilidades para facilitar la implantación de una empresa, Faúndez ha aclarado que la intención de la Diputación no es necesariamente vender los terrenos. Entre las alternativas que se han planteado figuran la venta, el alquiler con opción a compra o el arrendamiento. No obstante, ha recalcado que la fórmula definitiva será la que determinen los informes técnicos y jurídicos y deberá respetar los principios de publicidad, igualdad y concurrencia.
El presidente provincial ha rechazado que la consultoría se haya contratado para favorecer a una empresa concreta o dirigir el procedimiento hacia un proyecto determinado. Ha explicado que la decisión de iniciar estos trabajos responde a la existencia de interés por parte de un particular o una empresa en desarrollar una actividad económica en las parcelas, pero ha insistido en que cualquier compañía podrá concurrir cuando se establezca el procedimiento y siempre que cumpla las condiciones que se determinen. «No estamos hablando de ninguna empresa. Estamos hablando de un supuesto interés», ha afirmado.
Preguntado por qué la Diputación ha optado por estudiar esta vía y no otras iniciativas planteadas anteriormente, entre ellas la posibilidad de una biorefinería, Faúndez ha reiterado que la institución debe actuar conforme a los criterios que establezcan la consultora y los servicios jurídicos. Ha defendido que cualquier procedimiento debe garantizar la libre concurrencia y evitar que las condiciones se diseñen para beneficiar a un promotor concreto.
Faúndez también ha asegurado que la Diputación podría revertir la compra de los terrenos y dar por cerrado el asunto, pero ha considerado que esa opción no responde al interés de la institución. «A día de hoy son terrenos que están criando monte y hierba, no sirven absolutamente para nada», ha señalado. Frente a esa situación, ha defendido la necesidad de aprovechar las parcelas para conseguir que se instale una empresa o varias empresas capaces de generar actividad económica, empleo y población en una zona de la provincia que necesita oportunidades de desarrollo.
Durante su comparecencia, el presidente de la Diputación ha criticado también la presentación de nuevas querellas y ha asegurado que no es la primera que Vicente Merino interpone contra la institución o contra otras personas. Según ha afirmado, las anteriores han terminado archivadas. «Parece que en este momento presentar querellas a algunos les resulta gratis», ha manifestado.
El dirigente provincial ha defendido su actuación al frente de la institución y ha asegurado que siempre ha procurado actuar con transparencia y siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos. «Si tengo que ir a declarar, pues iré a declarar y después lo que diga su señoría», ha afirmado, después de reconocer que este tipo de situaciones no son agradables.
Preguntado por las posibles consecuencias políticas de la querella y por si se plantearía dimitir en caso de que se formalizase su imputación, Faúndez ha evitado anticipar decisiones. Ha señalado que primero tendrá que conocer la documentación y comparecer ante el juez para ofrecer las explicaciones correspondientes. «Cuando resuelvan los tribunales en su momento, y me condenen o no me condenen, tomaré esa decisión», ha respondido.