La Junta de Castilla y León declara peligro medio hasta el 9 de noviembre con cerca de la mitad de las cuadrillas inoperativas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF) lamenta que, según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Castilla y León vuelve a ser la comunidad autónoma con mayor superficie afectada por los incendios forestales, con 60.296 hectáreas quemadas y 10 de los 47 grandes incendios registrados en España.
A estas cifras, hay que sumar que los incendios de Burgohondo (Ávila) y de la Comunidad de Madrid motivaron la primera declaración de emergencia de interés nacional por incendios forestales en España. Todo ello, apenas un año después de los devastadores incendios que sufrió Castilla y León en 2025.
“Y el riesgo continúa presente”, avisa CSIF. La Junta ha ampliado hasta el 9 de noviembre la época de peligro medio de incendios forestales como consecuencia de las inusuales temperaturas y que favorecen la aparición y propagación de incendios forestales. Sin embargo, mientras el riesgo permanece activo, Castilla y León “afronta esta situación con aproximadamente un 50% menos de cuadrillas operativas y con una disponibilidad muy limitada de medios, porque un año más se ha desmontado el operativo nada más finalizar el verano”.
Ante este escenario, CSIF denuncia que la Junta de Castilla y León sigue sin corregir las deficiencias estructurales de su operativo de extinción de incendios forestales, pese a las reiteradas advertencias. El sindicato considera que la Junta es plenamente consciente de estas carencias, denunciadas una y otra vez tanto por los trabajadores como por sus representantes sindicales, y califica de irresponsable que se sigan aplazando las soluciones a problemas que afectan no solo a la seguridad de los profesionales, sino también a la protección de la ciudadanía y del patrimonio natural de Castilla y León.
Especialmente llamativo resulta que, después de los incendios forestales de 2025, el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León para 2026 contemple una reducción de la superficie prevista para actuaciones preventivas con cuadrillas, pese a un incremento presupuestario de aproximadamente 4 millones de euros.
A ello, se suma el fiasco de la base contra incendios de Oterico (León), cuya construcción acumuló importantes retrasos y un incremento presupuestario superior a 400.000 euros, y que inició la campaña de alto riesgo de 2026 con graves deficiencias de equipamiento y operatividad por el empeño del exconsejero de medio ambiente Suarez- Quiñones de inaugurarla a toda prisa.
Además, la Junta continúa sin dar cumplimiento efectivo a las obligaciones derivadas de las leyes básicas estatales de bomberos forestales y de agentes medioambientales y forestales, aprobadas en 2024.
CSIF recuerda, además, que mientras persisten las deficiencias estructurales del operativo forestal, la Junta de Castilla y León se opone a la tramitación de la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, una iniciativa encaminada a mejorar la regulación profesional del colectivo.
Para CSIF resulta inadmisible que, después de años marcados por incendios forestales de extraordinaria gravedad, la Administración autonómica siga sin abordar de forma integral la organización, las condiciones de trabajo y las necesidades reales de los profesionales encargados de la prevención y extinción de incendios forestales.
El sindicato exige un operativo público, profesional y permanente durante todo el año, con plantillas suficientes, una prevención eficaz, medios adecuados, condiciones laborales dignas, una regulación negociada de las guardias y el cumplimiento de las obligaciones legales pendientes.
