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Los profesores de Zamora secundan la huelga para exigir mejoras salariales y el cumplimiento de los acuerdos con Educación

UGT y CCOO denuncian que el complemento autonómico lleva congelado desde 2006, reclaman más recursos humanos en las aulas y advierten de que las movilizaciones continuarán si la Junta no negocia

El profesorado de Zamora se ha sumado este miércoles a la huelga convocada en Castilla y León para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y exigir a la Consejería de Educación que cumpla los acuerdos firmados y abra una negociación real con los representantes sindicales. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras consideran que el colectivo lleva demasiado tiempo acumulando reivindicaciones sin respuesta y advierten de que el conflicto no ha hecho más que empezar.

Los representantes sindicales Jesús Ángel Alonso, de UGT, y José Manuel Ramos, de CCOO, han defendido la necesidad de la movilización para visibilizar el malestar de los docentes. «Nos sobran las razones para salir a la calle», han señalado durante la concentración celebrada en Zamora.

Los sindicatos recuerdan que llevan dos años protagonizando movilizaciones y reclamando una negociación efectiva a la Consejería de Educación. Entre sus principales reivindicaciones figura la actualización del complemento autonómico, congelado desde el 20 de mayo de 2006, una situación que, según denuncian, ha provocado una pérdida continuada de poder adquisitivo.

También acusan a la Junta de incumplir el acuerdo firmado y publicado en el Bocyl el 22 de septiembre de 2025. «Lo firmado hay que cumplirlo», han reclamado, al tiempo que consideran insuficientes los compromisos anunciados por la Administración. «Necesitamos soluciones ya, no solamente titulares de prensa», han insistido.

La situación del profesorado interino es otro de los motivos de protesta. Los representantes sindicales denuncian que docentes que trabajan más de cinco meses y medio no cobran el periodo de verano, pese a que consideran que debería reconocérseles ese derecho. A ello suman la inestabilidad de las plantillas, especialmente en los centros rurales, y las dificultades que genera la elevada temporalidad.

En este sentido, han advertido de que la interinidad puede llegar a afectar a la organización de los propios centros, hasta el punto de que algunos equipos directivos están formados por personal interino. También han criticado que los docentes itinerantes tengan que asumir parte de los gastos de desplazamiento, mantenimiento de sus vehículos y combustible.

La sobrecarga burocrática y la falta de recursos humanos en las aulas completan el listado de reivindicaciones. Los sindicatos consideran que el profesorado dedica demasiado tiempo a tareas administrativas en detrimento de su labor educativa y reclama más profesionales para atender adecuadamente al alumnado, especialmente a quienes presentan necesidades educativas especiales.

«Necesitamos llegar a todos los alumnos, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Nos están pidiendo atención individualizada, que no podemos llegar porque no damos abasto», han explicado.

Los representantes sindicales también han comparado las retribuciones de los docentes de Castilla y León con las de otras comunidades autónomas. Según sus estimaciones, las diferencias pueden alcanzar entre 600 y 800 euros brutos mensuales y, en determinados casos, llegar incluso a los 1.000 euros, en función de la categoría y las circunstancias profesionales.

En cuanto al seguimiento de la huelga, los sindicatos han señalado que todavía estaban recopilando los datos de los centros educativos y que era pronto para ofrecer una cifra definitiva. No obstante, han valorado positivamente la incidencia de la convocatoria y han agradecido la participación de los docentes que han secundado el paro.

La advertencia a la Consejería de Educación es clara: las movilizaciones continuarán si no se abre una negociación con compromisos concretos. «No es tiempo de parálisis ni de espera, necesitamos negociar ya», han reclamado, asegurando que la jornada de huelga es solo el comienzo de un conflicto que mantendrán hasta que la Administración cumpla lo acordado.