El consejero responde a las protestas vecinales y a las peticiones de mayor transparencia asegurando que las plataformas deben ser escuchadas, aunque insiste en que los proyectos deben superar los controles administrativos
La Junta de Castilla y León ha defendido este lunes en Zamora los procedimientos administrativos que regulan la implantación de proyectos como el macrocentro de datos previsto en Monfarracinos, ante las protestas vecinales y las peticiones de mayor transparencia. Preguntado por la postura del Gobierno autonómico, el consejero ha apelado al «principio de legalidad respecto a la normativa y confianza en la Administración pública», insistiendo en que son los informes técnicos y jurídicos los que determinan si una iniciativa cumple los requisitos establecidos.
«La parte técnica y jurídica no la deciden los políticos, la deciden funcionarios con una alta cualificación técnica y jurídica», ha afirmado el representante autonómico, quien ha defendido que las instalaciones que superen los controles administrativos deben entenderse ajustadas a la normativa. No obstante, también ha reconocido que las preocupaciones de las plataformas ciudadanas y los acuerdos municipales deben ser escuchados y tenidos en cuenta por la Administración.
En relación con las reclamaciones de mayor información sobre el proyecto de Monfarracinos, el consejero ha asegurado que los procedimientos contemplan periodos de exposición pública para consultar la documentación y presentar alegaciones. Sin embargo, ha admitido que existe margen de mejora: «Transparencia tiene que ser absoluta e información, probablemente todos tendremos que mejorar». También ha señalado directamente a las empresas promotoras, que, a su juicio, deben «acercarse a la sociedad y explicarlas antes de pretender implantarlas».
Durante su comparecencia también ha sido preguntado por las posibles pérdidas de ingresos municipales asociadas a las declaraciones de proyectos de interés regional. El consejero ha cuestionado las estimaciones planteadas y ha defendido los beneficios económicos y laborales de estas iniciativas, aunque no ha concretado si las exenciones o ventajas fiscales pueden reducir la recaudación de los ayuntamientos. «Los beneficios para el territorio y para los municipios de cualquier proyecto empresarial son indudables», ha concluido.
