El Juzgado de lo Mercantil de Madrid da la razón al Consistorio y retira del concurso de acreedores contra Proinsa cinco parcelas municipales, que el alcalde pone a disposición del Gobierno de España para viviendas de alquiler social

La Comisión de Hacienda resolverá en la reunión del próximo lunes la liquidación definitiva del contrato con la UTE Zamora Limpia, a la que el Ayuntamiento de Zamora reclama algo más de 9,1 millones de euros por pagos indebidos en la prestación del servicio. Así lo adelantó esta mañana el alcalde, Francisco Guarido, en una rueda de prensa en la que también informó acerca de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid que revierte al Consistorio cinco parcelas municipales, tras el fiasco de una operación inmobiliaria de PROINSA, empresa que en 2009 compró por cuatro millones de euros los terrenos para construir en Cardenal Cisneros 250 viviendas de protección oficial que nunca llegaron a edificarse al quebrar la sociedad.

El alcalde explicó que para realizar la liquidación del contrato de recogida de basuras con Zamora Limpia se ha partido del informe de control financiero, en el que en un principio se reclamaba a la UTE una cantidad que sobrepasaba los 9,7 millones de euros por amortizaciones y pagos extraordinarios indebidos, cantidad a la que ahora hay que restar dos facturas pendientes, que suman unos 327.000 euros, y la fianza que le incautó el Ayuntamiento y que alcanzaba los 289.000 euros. En definitiva, el equipo de Gobierno llevará al Pleno del próximo jueves la propuesta de liquidar el contrato con Zamora Limpia por un importe final de 9.133.177 euros, después de que la sociedad haya decidido no aportar ningún otro gasto al estar en curso una investigación judicial. A este respecto, Guarido reveló que “la UDEF está realizando una investigación”, como ya hizo en el caso del servicio de Parques y Jardines, un juicio que precisamente ha comenzado hoy con las declaraciones de varios trabajadores del Grupo Raga y que sigue su curso a pesar de “los impedimentos que ponen los abogados de la otra parte con el objeto de dilatar el proceso”, recalcó el regidor municipal.

En lo referente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, Francisco Guarido aclaró que el auto se refiere a cinco parcelas municipales sitas en Cardenal Cisneros que en su día PROINSA compró a la institución local por cuatro millones de euros para edificar viviendas de protección oficial que nunca se construyeron al dar de quiebra la empresa, “un ejemplo de libro de lo que supuso la burbuja inmobiliaria en Zamora, Castilla y León y España”. Tras el fiasco, los acreedores, entre ellos, la antigua Caja España, querían quedarse con las parcelas pero el Ayuntamiento de Zamora “peleó”, en palabras de Francisco Guarido, para que los terrenos revertieran al Consistorio por incumplimiento de contrato.

El actual equipo de Gobierno inscribió las parcelas de forma “preventiva” y ahora el Juzgado de lo Mercantil de Madrid falla, en un auto sobre el que no cabe recurso, que esos terrenos no aparezcan en la lista del concurso de acreedores y pasen a ser propiedad del Ayuntamiento de manera definitiva. Una vez en “manos” de la institución local, el alcalde de Zamora anunció que las cinco parcelas se ponen a disposición del Gobierno de España para la construcción de viviendas de alquiler social.

La Comisión de Hacienda también ratificará la actualización del inventario municipal, que registra bienes y propiedades valorados en más de 257,6 millones de euros con 7 nuevas altas. El valor de estos bienes ha aumentado gracias a la adquisición por parte del Ayuntamiento de un edificio en la calle Costanilla por valor de 135.000 euros y que en un futuro servirá para ampliar la actual Casa de las Panaderas, según anunció el alcalde; expropiación de los alrededores de la Ermita Peña de Francia, que costó unos 220.000 euros, zona que se ajardinará antes del verano; y la expropiación de Mesones 11, por 30.000 euros.

Por último, la Comisión de Hacienda del lunes, previa al Pleno que se celebrará el 27 de abril, dará cuenta de un proyecto de derribo de la edificación de la calle Postigo número 1, (entre la muralla y las viviendas nuevas de San Isidoro), para seguir con el proceso de liberación de la muralla. “Tras muchos problemas para expropiar las tres viviendas, ya tenemos el proyecto de derribo y urbanización, que tendrá un coste de 90.000 euros”, aseguró el regidor municipal, que subrayó que el Ayuntamiento “no se parará y seguirá trabajando hasta el final aunque haya elecciones municipales”.

 

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