Habla de que se vio sometido “a una situación extrema y excepcional”

El informe elaborado por la Junta para analizar el impacto que la pandemia ha tenido en las residencias de ancianos de la comunidad autónoma despeja las dudas que planeaban sobre la gestión de las mismas y viene a dejar claro que el “sistema de protección residencial en su conjunto y el de la atención sanitaria pública al mismo dio la mejor respuesta que pudo con los precarios medios de que disponía para hacer frente al inmenso desafío que supuso inicialmente el virus”.

Defiende sin ambages el trabajo realizado por los profesionales que desempeñan su trabajo en los centros de mayores. “Los esfuerzos realizados por muchos trabajadores, directores, funcionarios y entidades en las peores condiciones posibles han sido encomiables y no suficientemente reconocidos; y con demasiada frecuencia injusta y gratuitamente maltratados”.

Asegura el informe que según los datos recabados “el sistema residencial al inicio de la pandemia se vio sometido a una situación extrema y excepcional en la misma medida que al conjunto de organizaciones y con el mismo desconocimiento y falta de preparación que el conjunto de la sociedad. Estos datos solamente han reflejado el brutal impacto que ha sufrido nuestra comunidad autónoma en la perdida de la salud y la vida de las personas más vulnerables ante el Covid19; sin olvidar que nuestra comunidad se hallaba posicionada entre las de mayor riesgo por factores incontrolables, y en un país que lideró y sigue liderando muchas de las peores estadísticas de la pandemia en el mundo por razones que aún no conocemos con exactitud”.

Rechaza también el informe que la existencia de contagios dentro de una residencia equivale necesariamente a una mala gestión o a actuaciones negligentes de los responsables y trabajadores de los centros. Incluso ya en los casos de centros en los que dicho contagio se puedan dar en la segunda ola, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ya ha advertido que no pueden atribuirse automáticamente a una mala práctica, pues pueden ser múltiples los factores por los que pueden suceder y no siempre controlables. Esta asociación de profesionales, sin duda referencia obligada en España en materia de atención a personas mayores, aboga por la necesidad de “asumir el riesgo de rebrotes y evitar el cierre absoluto de las residencias”.