Reclaman mejoras profesionales y retributivas
Un colectivo de unos 500 trabajadores de diferentes categorías (unos 70 en la Región de Murcia) que prestan sus servicios en la Administración de Justicia no transferida ha decidido decir “Basta Ya!!! al abandono que históricamente el Ministerio de Justicia primero y Función Pública después han sometido a este importante colectivo de trabajadores y trabajadoras cuyas tareas se desarrollan en las oficinas judiciales y en los Institutos de Medicina Legal del ámbito no transferido”.
Psicólogos, trabajadores sociales, educadores, peritos judiciales, traductores, intérpretes, personal de mantenimiento y limpieza, ordenanzas, técnicos especialistas en anatomía patológica (antiguos oficiales de autopsia), archiveros… son un colectivo variado, pero con reivindicaciones comunes que se aglutinan en la necesidad de un “reconocimiento profesional y retributivo a la labor que desempeñan y que se ve limitada por la incapacidad del Ministerio de Justicia a trasladar sus propuestas a Función Pública para ser aprobadas”, señalan desde Comisiones Obreras.
El sindicato denuncia que a diferencia de otro Personal Laboral de otros Ministerios, no tiene una asignación de retribuciones complementarias, siendo su salario exclusivamente formado por el sueldo base y trienios, sin más complementos de productividad ni complemento de carrera profesional. “Y lo verdaderamente lamentable es que el Ministerio de Justicia viene a gastar anualmente millones de euros en pagar por unos servicios externalizados en muchas oficinas judiciales (las Oficinas de Atención a la Víctima son un ejemplo, o el servicio de traducción e interpretación, o la emisión de informes psicosociales en el ámbito del IML) cuando se niega a cubrir vacantes de su propio personal en caso de jubilaciones, concurso de traslado o bajas laborales, o a incrementar la plantilla propia de personal laboral para cubrir estos servicios”, añaden.
Además, protestan por la negativa reiterada del Ministerio de Justicia y de Función Pública a funcionarizar al personal de los Cuerpos de Psicólogos Forenses, Educadores Forenses y Trabajadores Sociales Forenses destinados en los Institutos de Medicina Legal que los deja fuera de cualquier regulación legal del propio IML y de sus RPTs, o el retraso injustificado del cambio de régimen jurídico que sí está aprobado desde hace unos años para Peritos Judiciales, Traductores, Intérpretes y Archiveros.
En este contexto, el personal laboral de la Administración de Justicia ha decidido ir a la huelga a partir del 24 de mayo para obligar al ministerio de Justicia a “sentarse de una vez por todas y negociar con ellos y con Función Pública sus históricas reivindicaciones”.
