El expediente sancionador se inició en julio de 2023 por infracción grave de la Ley de Industria de Castilla y León y afecta a 12 centros docentes

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Zamora preguntará al equipo de gobierno por la sanción de 36.012 euros impuesta por el Servicio de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Zamora por una falta grave recogida en el art.42. de la Ley de Industria de Castilla y León, que califica de falta grave “n) La no subsanación de las deficiencias detectadas tras una inspección o comprobación, cuando comporte un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente”. En concreto, en relación con las inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de doce centros educativos de los que es titular el Ayuntamiento de Zamora, que como titular y responsable de las instalaciones está obligado a aportar la documentación relativa a la inspección periódica con resultado favorable.

El Grupo Popular ha solicitado por registro acceso al expediente administrativo de esa sanción para conocer todos los pormenores del caso. El expediente sancionador se inició el 4 de julio de 2023, pero no fue hasta el 13 de febrero de 2024
cuando el Ayuntamiento remitió al Servicio de Industria de la Junta los informes OCA. Es decir, no presentó las Actas de revisión periódica de las instalaciones eléctricas de los centros de educación hasta más de 8 meses después de iniciado el expediente.

El Grupo del Partido Popular muestra su preocupación por la dejadez municipal en un tema tan sensible como es el control de las instalaciones eléctricas, más aún tratándose de centros educativos, por lo que pedirá explicaciones en la próxima Comisión de Educación y Cultura que se celebre. En aquella Comisión en ningún momento se informó de dicho expediente, ni de la sanción impuesta, en sintonía con lo que suele hacer el equipo de gobierno de no informar de asuntos municipales importantes en las Comisiones informativas. La sanción se ordenó pagar mediante decreto el pasado 26 de marzo, sin que en el texto de la resolución se haga observación alguna a posibles recursos a la misma, extremo que se comprobará una vez podamos acceder al expediente administrativo.

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