La denuncia se refiere a irregularidades en la contratación, dirección y ejecución de las infraestructuras de depuración
La Procuradora y Vicesecretaria General del PSOE de Zamora, Inmaculada García Rioja, ha denunciado ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes de Castilla y León graves irregularidades en la contratación, dirección y ejecución de las infraestructuras de depuración de las aguas en Castrogonzalo, Villanueva del Puente, Corrales del Vino, Montamarta, Fuentes de Ropel, Villamayor de los Escuderos, Ferreras de Abajo y Santibáñez de Vidriales.
Y lo ha hecho García Rioja denunciando el «cúmulo de irregularidades que se desprenden del procedimiento y puesto que la justificación de los Fondos Europeos exige el escrupuloso cumplimiento de la legislación vigente que, en caso de incumplimiento, genera una grave situación de riesgo para la Hacienda Pública De Castilla y León, además del sobrecoste que el Grupo Parlamentario Socialista exige conocer mediante la certificación de funcionario público».
«Lamentablemente la mayoría de PP y Vox rechazó en la Comisión la propuesta del PSOE por la que se pedía desde las Cortes se instara a la Junta de Castilla y León a que estas 8 obras de infraestructuras de gestión y tratamiento de las aguas en la provincia de Zamora, con una inversión que supera los 10 millones de euros, exija la certificación de fin de obra por parte de un funcionario público», añade.
El planteamiento del PSOE ante la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes es “algo tan sencillo como que, desde la Junta de Castilla y León, desde la propia administración, sean empleados públicos funcionarios quienes certifiquen las obras que se han ejecutado o se van a ejecutar en estas 8 infraestructuras de tratamiento de agua en Zamora, 8 infraestructuras que además de ejecutarse mal se ejecutan tarde, pues deberían de estar ya realizadas desde el año 2015 en nuestra Zamora”.
Añade la Procuradora socialista zamorana que “de forma irregular se ha eludido por parte de la Junta la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que también obliga al SOMACyL, pues estas infraestructuras requieren de forma ineludible de un estudio geotécnico en toda la superficie de su ejecución”.
Ser conocedores de estas graves deficiencias en el procedimiento de contratación y redacción del proyecto de estas infraestructuras conlleva un encarecimiento que imponen las empresas subcontratadas en la ejecución. Un mayor coste de ejecución que el adjudicatario considera suple las deficiencias de la falta de los estudios correspondientes, que puede alcanzar cifras superiores al 30 y el 40% de la adjudicación.
Añade García Rioja que “la falta de transparencia es otro déficit de esta Junta del PP y VOX, empecinada en prescindir de funcionarios públicos que certifiquen el fin de obra atenta contra la buena administración del dinero público. A lo largo de todo el proceso de ejecución de depuradoras por la Junta de Castilla y León con cargo a los Fondos Europeos se constata el grave déficit de empleados públicos que habrían de garantizar la cualificada dirección, planificación y ejecución de estos proyectos de acuerdo a la legislación vigente”.
Y también incide Inmaculada García Rioja en que “quiénes se dicen estar en contra de los chiringuitos, hoy justifican eludir que sean funcionarios públicos quienes certifiquen la ejecución de las obras que lleva a cabo el mayor de los chiringuitos de la JCyL, el chiringuito sin control, el SOMACyL. Atenta contra la inteligencia de los ciudadanos que quienes informan sobre la ejecución de estas obras no son empleados públicos, quienes redactan los proyectos de estas obras no han sido funcionarios públicos, son trabajadores de SOMACYL”.
El PSOE subraya que un «mal estudio y proyecto es desgraciada garantía de que el exceso de costes será una realidad, como lo es también el tener que soportar una doble estructura, por una parte, la desmantelada de la propia administración pública, y por otra, la ineficiente SOMACyL infraestructura, que a su vez privatiza servicios y consultorías».
Los socialistas también lamentan que la ejecución de estas infraestructuras en la provincia de Zamora «llega tarde», en su mayoría estaban ya previstas en el Plan Nacional 2007 – 2015 y la «falta de capacidad de gestión y voluntad de la Junta de Castilla y León las ha ido posponiendo hasta la llegada de fondos procedentes de la Unión Europea fruto de una gestión extraordinaria del Gobierno de España».
«Estás infraestructuras se están ejecutando con dinero público procedente de los Fondos Europeos, pero también de las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones, con los que en ningún caso ha contado la Junta de Castilla y León con su participación en la elección del sistema de depuración y tratamiento de las aguas», concluye García Rioja.
