El promotor Vicente Merino asegura que solo el Gobierno puede restituir «el marco de seguridad jurídica» que permita a los inversores volver a aportar capital
La empresa Green Energy pide el amparo del Gobierno de España para poder sacar adelante el proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco. Sólo de esa manera, apunta el promotor Vicente Merino, se podrá «restablecer un marco de seguridad jurídica y protección» de manera que se pueda «reestructurar» también «el capital y financiación necesarios y evitar que los inversores puedan ser intimidados, coaccionados, extorsionados o amenazados a nivel regional».
Vicente Merino insta también a la Diputación de Zamora a ceder «en este mes de febrero» los terrenos adquiridos en Barcial del Barco, donde se había iniciado la construcción de la fábrica, aunque no se retomarán los trabajos hasta que no se garantice la financiación del proyecto, ahora en el aire. Pide también que la Diputación se sume a la solicitud de amparo al Gobierno de España.
De la misma forma, invita al presidente del PP, Pablo Casado a visitar Barcial del Barco «para que pueda conocer de primera mano a aquellos que están atentando en cierto modo contra la remolacha, no se tiene que ir muy lejos, los tiene en casa y los tenía como socios de Gobierno en Castilla y León hasta hace muy poco».
Vicente Merino ha vuelto a reiterar las acusaciones contra altos cargos de la Junta de Castilla y León, a quienes acusa de «crimen organizado» por señalar a una persona por realizar su trabajo, en referencia al abogado Silverio Mayendía, miembro de la empresa promotora de la biorrefinería y, al mismo tiempo, abogado de la acusación particular contra la Junta en la trama de las eólicas.
El promotor de la biorrefinería insiste en las acusaciones contra la Junta que, asegura, «lleva 15 años atentando contra un nuevo modelo industrial basado en la remolacha, un cultivo social y estratégico y, por derivada, contra el progreso y el futuro de Zamora y León».
Vicente Merino asegura que seguirán adelante con el proyecto. «No nos vamos a rendir» porque «Zamora y León necesitan y merecen este desarrollo industrial», que estima que puede crear 120 puestos de trabajo directos y 1.200 indirectos en la primera fase.
Desde el punto de vista judicial, Vicente Merino ratificará esta semana, previsiblemente mañana, la denuncia interpuesta a título personal contra los consejeros de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones y Jesús Julio Carnero, responsables de Medio Ambiente y Agricultura, además de un director general y varios funcionarios por, supuestamente, haber desanimado a dos empresas inversoras a apoyar el proyecto de la biorrefinería. Aseguró que la empresa Green Energy se sumará en las próximas semanas a esa denuncia interpuesta a finales del pasado mes de diciembre.
