La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha rehabilitado 44 viviendas en la provincia desde el inicio de este programa en 2016 con una inversión de más 2 millones de euros

La delegada territorial, Leticia García, ha presidido esta mañana la firma de los protocolos para ejecutar el programa “Rehabitare 2022” de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con los alcaldes de las localidades de Venialbo, Faramontanos de Tábara y Manzanal de los Infantes con el objetivo de intervenir en la recuperación de viviendas de titularidad municipal para destinarlas a alquiler social.

Además, de estos tres municipios se beneficiarán también los pueblos de Asturianos, Benegiles y Fresno de la Ribera a través del protocolo de la Junta de Castilla y León con la Diputación Provincial de Zamora.

La delegada territorial ha manifestado que “el programa tiene el objetivo de recuperar aquellas viviendas de titularidad municipal que se encontraban abandonadas y cuya rehabilitación y recuperación sería interesante. Así Venialbo, Faramontanos de Tábara y Manzanal de los Infantes se beneficiarán este año para ofrecer a alguno de sus vecinos una vivienda en buenas condiciones y fomentar la fijación de población y actividad en el medio rural”.

Leticia García ha destacado que “por un lado, se ha consolidado como un programa que pretende solucionar el acceso a la vivienda a personas con necesidades urgentes y fomentar la fijación de población y actividad en el medio rural y por otro, se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación”.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el programa Rehabitare ha recuperado en la provincia de Zamora, desde 2016 hasta 2022, un total de 44 viviendas en 40 localidades, con una inversión de más de 2 millones de euros.

La Junta de Castilla y León impulsó este programa Rehabitare en 2016 con el objetivo de recuperar aquellas viviendas de titularidad municipal que se encontraban abandonadas y cuya rehabilitación y recuperación sería interesante para el medio rural. Las viviendas se ubican por lo general en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes y evitando el deterioro de un patrimonio municipal. Posteriormente son los ayuntamientos quienes determinan el precio del alquiler, que no podrá exceder la tercera parte de los ingresos de la unidad arrendataria, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la Ley del derecho a la vivienda de Castilla y León.