Con 988 cabezas de ganado muertas, 743 de ovino y 237 de vacuno,  desde 2021

El número de ataques y cabezas de ganado muertas por daños de lobo en Castilla y León en 2023 continúa incrementándose, hasta alcanzar un total de 3.558 ataques, suponiendo un aumento del 16 % respecto de los registrados en 2022 (3.058) y de un 33 % respecto de los del año 2021 (2.669). Por su parte, el número de cabezas de ganado muertas por ataques de lobo alcanza las 5.566 cabezas en 2023, con un incremento del 9 % respecto al año 2022 (5.118) y de un 30 % respecto de las del año 2021 (4.288), cuando el que el lobo se incorporó al LESPRE.

En Zamora, el número de reses muertas ascendió a casi un millar, 988 en concreto, de las cuales la mayor parte fueron cabezas de ovino, 743, seguidas de bajas en la cabaña de vacuno, con 237.  El incremento de animales muertos desde la incorporación del lobo a LESPRE fue del 11%.

En Castilla y León, el 52 % de las cabezas muertas se corresponden con ganado vacuno (2.889 reses), concentrándose estos daños fundamentalmente en las provincias de Ávila y Segovia, con 1.406 y 707 cabezas muertas, respectivamente. A continuación, el ganado ovino representa el 40 % de las cabezas muertas (2.205 reses), distribuidas fundamentalmente entre las provincias de Zamora, con 743 animales muertos, Burgos, con 498, y Segovia, con 338. El equino, con 298 animales muertos, representa el 5 % de las bajas, distribuidos fundamentalmente por la cordillera cantábrica, en las provincias de Palencia, Burgos y León, con 98, 94 y 85 respectivamente. Por último, los daños sobre ganado caprino suponen el 3 % del total, con 158 bajas. A excepción de Salamanca todas las provincias de Castilla y León presentan un incremento continuado de daños respecto de las estadísticas del año 2021.

Por provincias, Ávila aglutina el 30 % de las cabezas muertas para todo Castilla y León, con 1.652, y un incremento de daños respecto del año 2021 del 11 %. A continuación, las provincias de Segovia, con 1.062 reses muertas, y Zamora, con 988, representan el 19 % y 18 %, respectivamente, de las cabezas muertas. El incremento de los daños en estas provincias respecto de 2021 supone un aumento del 23 % para Segovia y del 11 % para Zamora.

Hay que destacar también la provincia de Burgos, que con 697 animales muertos representa el 13 % de los daños habiendo multiplicado por 7 los daños respecto del año 2021, pasando de 84 reses muertas en 2021 a 697 en 2023. Otras provincias, como Soria o Palencia, también han duplicado los daños, pasando en Soria de 71 reses muertas en 2021 a 162 en 2023, y en Palencia de 168 en 2021 a 343 reses en 2023. Para la provincia de Salamanca, se comprueba una reducción de los daños respecto de 2021, pasando de 356 reses muertas a 70.

El importe de las indemnizaciones abonadas por los daños de lobo en el año 2023 ha supuesto un total de 3,45 millones de euros, de los cuales 2,47 se han correspondido con pagos compensatorios y 0,98 por responsabilidad patrimonial en ejecución de sentencias de daños de los años 2020 y 2021.

En este sentido, la nueva normativa de pagos compensatorios aprobada en el año 2023, por la que se regulan los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas en Castilla y León, ha permitido la compensación de los daños al norte del río Duero con carácter retroactivo desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en septiembre del año 2021. La súbita incorporación del lobo en LESPRE sin un periodo transitorio dejó un vacío legal al norte del río Duero al dejar de ser el lobo una especie cinegética y, por tanto, no poder indemnizar los daños por el sistema hasta entonces establecido.

Además, la nueva Orden contemplaba un  incremento de los baremos mediante la incorporación de gastos fijos a la gestión del siniestro, la compensación por animales heridos o eutanasiados por ataques de lobo, así como la incorporación del lucro cesante en la indemnización de los daños, entre otras novedades.

A la vista de estos datos, tanto la Junta de Castilla y León como las Organizaciones Profesionales Agrarias han vuelto a dejar constancia de que la situación límite, y tanto la Administracion autonómica como las OPA vuelven a instar a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a que derogue la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. También solicitan que se recupere la senda del diálogo para flexibilizar la gestión del lobo asegurando, en todo momento, el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable. Estas cuestiones ya fueron solicitadas a la ministra en una carta conjunta de la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias remitida el 18 de enero de este año, y que a fecha de hoy sigue sin dar respuesta.

En este sentido, cabe recordar que el Parlamento Europeo se pronunció en el año 2022 proclamando su preocupación por los daños que producía el lobo a distintos intereses comunes agrícolas, ganaderos e incluso a las personas, e instó a la comisión a la Comisión Europea a que hiciera algo al respecto. La propia presidenta Ursula Von der Leyen, en el año 2022, puso de manifiesto en un comunicado que, efectivamente, había una preocupación en Europa y que había que trabajar en ello y dio instrucciones a los servicios de la Comisión para que estudiase qué es lo que habría que hacer.

La Comisión abrió un periodo de consultas en 2023 para que en Europa se pronunciasen los Estados, las regiones y las organizaciones de todo tipo. Finalmente, resolvió que la protección del lobo en Europa tiene que cambiar a un régimen de simple protección, para lo que habría que cambiar el convenio internacional de Berna, como trámite previo para modificar el régimen legal del lobo en el ámbito de la UE previsto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.

La posición europea es un respaldo a la tesis que ha mantenido la Junta de Castilla y León en la materia, y deja en evidencia la decisión del Gobierno de España de dictar una orden que catalogaba el lobo al norte del Duero de forma que pasaba a ser de estricta protección sin que Europa lo exigiese.

 

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