Advierten que la nueva norma podría ocasionar gastos inasumibles a los Ayuntamientos españoles
El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León se ha reunido este fin de semana en La Alberca (Salamanca) para celebrar su Asamblea anual y ha puesto bajo el foco de su debate la nueva Ley de Bienestar Animal recientemente aprobada por el Gobierno.
En el encuentro han estado presentes representantes de las juntas directivas de los Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León, que han estado acompañados por el presidente del Consejo autonómico de Colegios, Luciano Díez Díez, y el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo.
La conclusión de los profesionales es que se trata de un “brindis al sol” y “mucho humo puesto en papel que puede prosperar o no” ya que aborda sin terminar de regular la mayoría de los asuntos de mayor interés.
“Esta ley está elaborada más con sentimiento que con cabeza, con deseo de hacer mucho pero luego concretar muy poco. La mayor parte de los asuntos que trata quedan por desarrollar, enarbolando los derechos de los animales y convirtiéndose en una ley controvertida porque alcanza el ámbito privado”, apunta el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez.
Los veterinarios apuntan la falta de concreción, incluso en aspectos importantes. Por ejemplo, la Ley crea un Sistema de Registro Central que se compone de 5 registros que deberán gestionar las Comunidades: el que ya existe de Animales de Compañía y otros 4 nuevos que son el Registro de Entidades de Protección Animal, el Registro de Profesionales del Comportamiento Animal, el Registro de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía y el Registro de Criadores de Animales de Compañía.
Después de crear todos estos órganos, la ley no detalla y deja para una reglamentación posterior qué tipo de información deberán entregar al Sistema de Registro Central y quién podrá acceder a esos datos (propietarios, autoridades, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado…).
Otro de los aspectos básicos que tampoco concreta la ley y que deja para una regulación posterior es cómo se identificará a otras especies que no sean perros, gatos, aves y hurones. La ley obliga a un reconocimiento veterinario periódico de las mascotas pero tampoco entra en cómo se va a abordar esto. De la misma manera, tampoco detalla la nueva norma cómo va a ser la formación que deberán tener los dueños de mascotas.
El presidente del Consejo de Veterinarios de Castilla y León enumera otras inconcreciones. Por ejemplo, la ley establece la obligatoriedad de tener un Seguro de Responsabilidad Civil para todos los animales pero no detalla cuál será la cuantía económica mínima de esos seguros. Se crean nuevos organismos, como el Consejo Estatal de Protección Animal, pero se deja para después el regular quién lo conformará. Algo similar ocurre con el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, que incluye una composición básica y deja en el aire la composición completa futura. “Es una proyección de ideas muy grande pero sin concretar”, recuerda Díez.
Uno de los aspectos más conocidos de la ley es la creación de listados positivos con las mascotas que se podrán tener en los hogares. De momento, qué animales figurarán en esas listas se deja para reglamentaciones posteriores.
Los veterinarios también apuntan el hecho de que la ley establezca que la reproducción y cría ya no la pueden ejercer particulares, salvo que se registren como criadores, una circunstancia, dicen, que podría influir en la variabilidad genética de las razas, puesto que podría tenderse a criar únicamente aquellas razas que el público desee adquirir.
Desde el Consejo autonómico advierten además que la Ley carga a las Administraciones locales con la gestión de colonias felinas, con el registro, castración y desparasitación de sus integrantes, la obligatoriedad de la recogida de animales abandonados, su tratamiento veterinario, servicios de urgencia de recogida y atención veterinaria de 24 horas.
A los Centros Públicos de Protección Animal, además se les atribuye la función de seguimiento de los animales entregados en adopción, como si de un servicio social se tratase. “Esto conlleva un coste difícil de asumir por la mayoría de los municipios españoles y podría dar lugar a tasas a pagar por los propietarios o adoptantes para cubrir el coste de los servicios”.
Por su parte, Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), mostró su preocupación por los problemas que va a generar la ley en su aplicación práctica a los veterinarios, sobre todo clínicos, y confió en que el desarrollo reglamentario logre solventar algunas de estas cuestiones.
