El presidente de la Junta clausura en Zamora el acto de presentación de la memoria del órgano asesor de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destaca la “eficaz” labor que desarrolla el Consejo Consultivo de Castilla y León, una función que ejerce “con cercanía y rapidez”, lo que redunda en la confianza de las administraciones públicas hacia una labor que considera “esencial”.

Fernández Mañueco ha clausurado hoy en Zamora el acto de presentación de la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León, donde ha destacado la confianza que existe por parte de todas las Administraciones Públicas hacia la labor realizada por este órgano y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad. “Un desempeño que se refleja en un mejor control de calidad de las decisiones que toman los poderes públicos”.

Se trata, a su juicio, de una labor eficaz, reconocida también por los castellanos y leoneses por su cercanía y rapidez, y que queda perfectamente reflejada en esta Memoria de 2023, que incluye todos sus dictámenes, estudios, informes y resoluciones “jurídicamente fundados, objetivos e independientes”.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha remarcado la seguridad que genera el Tribunal Administrativo entre los contratantes por ser una garantía prejudicial que ofrece alternativas rápidas y gratuitas a los litigios en contratación pública, que tan solo el pasado año alcanzaron los 1.580 millones de euros.

Finalmente, ha hecho hincapié en que el 96% de las decisiones administrativas que se adoptan en Castilla y León coinciden con los dictámenes y opiniones del Consejo Consultivo, lo que pone de manifiesto la calidad de los profesionales que integran este órgano. Y, también, que apenas sean recurridas una de cada 10 resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

En la actividad que realiza el Consejo Consultivo de Castilla y León se puede  comprobar la triple función que desarrollan los altos órganos consultivos: garantizar la labor que realizan los poderes públicos, al asegurar que adopten  las soluciones más correctas y ajustadas al ordenamiento jurídico; ejercer un control preventivo interno que facilite o incluso haga innecesaria la actuación de otros controles, sobre todo el judicial; y, también, derivada de las anteriores, perfeccionar la función desarrollada por los representantes políticos y de la administración.

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