Los socialistas sostienen que las más de 6.000 escuchas telefónicas incorporadas a la instrucción, junto a informes técnicos y atestados policiales, evidencian el conocimiento de las presuntas irregularidades por parte de responsables de la Diputación de Zamora
El PSOE de Zamora elevó este martes el tono político en torno al denominado caso Ultra Sanabria al insistir en la presunta implicación del presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, y del diputado de Deportes, Juan del Canto, en las irregularidades que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria. La portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial, Sandra Veleda, compareció ante los medios de comunicación para exponer las conclusiones que, según afirmó, extrae su formación tras analizar la documentación judicial a la que ha tenido acceso después de personarse en el procedimiento.
Durante una larga comparecencia, Veleda aseguró que el contenido de los atestados de la Policía Nacional, las declaraciones de técnicos de la Diputación, los informes de Intervención y Secretaría y las miles de escuchas telefónicas practicadas durante la investigación permiten concluir que los máximos responsables políticos de la institución provincial conocían las irregularidades detectadas en la concesión y justificación de subvenciones vinculadas al Club Deportivo Ultra Sanabria.
La dirigente socialista sostuvo que los hechos investigados trascienden la organización de una única prueba deportiva y dibujan un modelo de gestión que, a su juicio, se ha repetido durante años en la Diputación de Zamora. «No estamos ante un hecho aislado», afirmó Veleda, quien vinculó directamente la causa judicial con lo que definió como una forma de gobernar basada en la utilización discrecional de los recursos públicos y en el incumplimiento reiterado de las advertencias formuladas por los órganos de control interno.
Uno de los aspectos más destacados por la portavoz socialista fue la existencia de más de 6.000 escuchas telefónicas incorporadas al sumario. Según explicó, dichas conversaciones afectan a diputados provinciales, técnicos de la Junta de Castilla y León y de la propia Diputación, abogados, administradores de empresas y otras personas relacionadas con la investigación. Veleda aseguró que este abundante material probatorio constituye uno de los elementos centrales sobre los que se apoya la instrucción judicial y permite reconstruir las relaciones mantenidas entre los distintos protagonistas del caso.
La portavoz del PSOE defendió que la documentación analizada contradice las explicaciones ofrecidas por Javier Faúndez cuando se conoció su imputación. Según señaló, el presidente provincial trasladó entonces a los grupos políticos y a los medios de comunicación que carecía de responsabilidad en los hechos investigados y que los decretos firmados por él le exoneraban de cualquier participación. Sin embargo, los socialistas sostienen ahora que los documentos incorporados al procedimiento acreditan que Faúndez sí tuvo conocimiento directo de los informes desfavorables emitidos por los técnicos y que, pese a ello, autorizó la continuidad de diversos expedientes.
Veleda centró buena parte de su intervención en los informes de Intervención emitidos durante 2024 respecto a la justificación de subvenciones concedidas al Club Deportivo Ultra Sanabria. Según explicó, los reparos técnicos advertían de incumplimientos relacionados con la presentación fuera de plazo de documentación, la ausencia de determinados justificantes económicos, posibles duplicidades en facturas y presuntas irregularidades en la contratación de servicios vinculados a la promoción de la marca Alimentos de Zamora.
A juicio de los socialistas, esos informes constituyen una prueba de que la Presidencia de la Diputación disponía de información suficiente para conocer las anomalías detectadas. Pese a ello, denuncian que los expedientes siguieron adelante mediante decretos firmados por Faúndez que dejaron sin efecto las objeciones planteadas por los órganos fiscalizadores.
La portavoz socialista fue especialmente contundente al referirse a la figura del presidente provincial. Según afirmó, los documentos judiciales permiten sostener que Faúndez «levantó reparos a sabiendas» y continuó autorizando pagos y subvenciones pese a conocer las advertencias formuladas por los técnicos de la institución. En este sentido, recordó que la Policía Nacional concluye en uno de sus informes que la Diputación tenía conocimiento de las irregularidades procedimentales detectadas y que, aun así, continuó concediendo ayudas directas cuestionadas por los servicios de control.
El PSOE también puso el foco sobre el diputado de Deportes, Juan del Canto, al que sitúa como una de las figuras clave dentro de la investigación. Veleda aludió expresamente a diversas conversaciones telefónicas recogidas en la instrucción y aseguró que en algunas de ellas se hace referencia a un supuesto «acuerdo en B» relacionado con la reorganización de las subvenciones destinadas a las pruebas deportivas promovidas por Ultra Sanabria.
Aunque evitó realizar afirmaciones categóricas sobre el contenido jurídico de dichas conversaciones, la portavoz socialista sostuvo que las transcripciones reflejan intentos de adaptar los procedimientos administrativos para garantizar la continuidad de determinadas ayudas públicas una vez que comenzaron a aflorar las dudas sobre su legalidad. Según la versión expuesta por el PSOE, la estrategia pasaría por concentrar determinadas subvenciones en una única prueba deportiva mientras se mantenía la presencia institucional de la Diputación en otras competiciones organizadas por los mismos promotores.
La comparecencia sirvió además para ampliar el foco de la investigación más allá de Ultra Sanabria. Veleda aseguró que la documentación judicial menciona otras pruebas deportivas desarrolladas en distintos puntos de la provincia y señaló que la presunta trama afecta también a áreas como Presidencia, Agricultura y Alimentos de Zamora. En consecuencia, defendió que el procedimiento judicial no puede interpretarse como un conflicto limitado a la gestión deportiva, sino como una investigación que analiza el funcionamiento de diferentes departamentos de la administración provincial.
Otro de los elementos destacados por la portavoz socialista fueron las declaraciones prestadas por la interventora de la Diputación durante la fase de instrucción. Según relató, la funcionaria habría denunciado presiones para modificar informes desfavorables y habría descrito reuniones mantenidas con responsables políticos y representantes de la entidad beneficiaria de las subvenciones. Para el PSOE, estos testimonios reflejan una voluntad de anteponer decisiones políticas a los criterios técnicos establecidos por los órganos encargados de fiscalizar el gasto público.
Pese a la dureza de sus acusaciones, Veleda insistió en varias ocasiones en el respeto del PSOE a la presunción de inocencia de todos los investigados y recordó que será la autoridad judicial quien determine la existencia o no de responsabilidades penales. No obstante, sostuvo que los indicios recogidos hasta el momento permiten hablar de posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, tal y como se recoge en las diligencias judiciales.
La portavoz justificó además que el Grupo Socialista no solicite por el momento la dimisión de Javier Faúndez, argumentando que la causa se encuentra todavía en fase de instrucción y en que no han encontrado ningún indicio que permita asegurar que Faúndez o Del Canto se lucraron con esta trama. Sin embargo, dejó claro que su formación adoptará una posición diferente si la investigación concluye con una resolución judicial condenatoria.
