Vecinos y colectivos de Jambrina, Alfoz de Toro y Pueblos Sanos denuncian el impacto de los proyectos previstos en la provincia y anuncian que la batalla continuará en los tribunales ante lo que consideran una falta de respuesta de las administraciones
Las plataformas contrarias a la proliferación de plantas de biogás en la provincia de Zamora han trasladado este miércoles su protesta hasta las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Vecinos de Jambrina, representantes de Alfoz de Toro y miembros de la Asociación Pueblos Sanos han reclamado a la Administración autonómica que escuche sus reivindicaciones y revise unos proyectos que, aseguran, pueden condicionar el futuro de sus localidades.
Ángel Cancelo, portavoz de la asociación de Jambrina, ha puesto cifras a la preocupación existente en la localidad. «Somos un pueblo de 90 habitantes y van proyectadas dos plantas, una contigua a la otra, con más de 200.000 toneladas por año de procesamiento de residuos», ha explicado. Una dimensión que, según sostiene el colectivo, tendría consecuencias que irían mucho más allá del municipio en el que se ubicarían las instalaciones.
Cancelo ha advertido de los posibles efectos sobre «la calidad del aire» y «la contaminación de las aguas», además de mostrar su preocupación por los digestatos resultantes del proceso y su posterior distribución por terrenos agrícolas de la comarca. Pero el portavoz ha situado el debate también en el futuro del territorio: «Esto afecta a todos los habitantes de la comarca» y vincularla a una actividad de estas características «no parece que sea la mejor marca de calidad del mundo».
Uno de los principales frentes se encuentra en el proyecto situado en el término de Peleas de Abajo, próximo a Jambrina, cuyas obras se encuentran más avanzadas. Cancelo asegura que la instalación «ya ha recibido todos los permisos por parte de la Junta» y también las autorizaciones necesarias del Ayuntamiento de Peleas de Abajo.
La asociación, según ha relatado, se personó como parte interesada durante la tramitación administrativa y presentó las correspondientes alegaciones tanto ante la Junta como ante el Ayuntamiento. «La realidad es que ni siquiera hemos tenido una respuesta a esas alegaciones. Han dado la aprobación sin respuesta», ha denunciado. Para Cancelo, el periodo de alegaciones debería servir precisamente para «completar los proyectos, mejorar los proyectos y dar respuestas a las inquietudes de la gente».
La vía administrativa ha dado paso ya a la judicial. «No nos ha quedado más remedio que acudir a la vía contencioso-administrativa y estamos estudiando incluso emprender acciones penales», ha anunciado el portavoz. Entre los argumentos que están planteando figura también el cumplimiento de la normativa urbanística. «Solo pedimos el cumplimiento de la ley urbanística en Peleas. Este proyecto excede con mucho el número de metros construidos para ese tipo de actividad», ha afirmado, poniendo como referencia la reciente paralización de un proyecto en Coreses por cuestiones relacionadas con el planeamiento.
Cancelo ha defendido además la representatividad de la movilización pese al reducido tamaño de las localidades afectadas. «Somos un pueblo de 90 habitantes. Que haya aquí este número de gente, a nivel de porcentaje, es muchísima gente», ha señalado. El portavoz ha recordado que la convocatoria se produce además en jornada laborable y coincidiendo con las fiestas de la localidad: «No ayuda el hecho de que sea diario, no ayudan las fechas, estamos en fiestas en el propio pueblo, pero creemos que esto es un pelín más importante que las fiestas».
Los manifestantes esperaban también poder trasladar directamente sus reivindicaciones a algún responsable de la Junta. «Nada nos gustaría más. Lo hemos intentado de muchas maneras y creemos que sería de justicia», ha señalado Cancelo, que ha insistido en la voluntad de diálogo del colectivo: «Comprendemos que el tema energético es un problema complejo, pero aquí estamos. A ver si tenemos suerte y alguien baja a hablar con nosotros».
La preocupación se vive especialmente entre los vecinos de Jambrina. Conrado Rodríguez ha descrito una situación que considera difícil de sostener ante la proximidad de las instalaciones proyectadas. «El pueblo de Jambrina está viviendo una situación fastidiada. La tenemos a menos de un kilómetro y medio de nuestras casas y esto nos está afectando anímicamente, económicamente y de todo tipo», ha asegurado.
Rodríguez ha reivindicado además el valor de unas localidades cuya población aumenta durante el verano con el regreso de familiares y personas vinculadas al municipio. «Los pueblos están vivos, son sitios de paz, de armonía, de recuerdos, son sitios de convivencia y todo eso quieren cargárselo con estas plantas», ha afirmado.
Según su relato, el rechazo en Jambrina es prácticamente unánime y alcanza también a explotaciones ganaderas de la zona. «El 99% de los vecinos de Jambrina están en contra. Incluso tenemos ganaderos que nos apoyan», ha asegurado. También ha cuestionado la actuación de las administraciones ante determinadas actuaciones desarrolladas durante las obras y ha reclamado una mayor fiscalización de los trabajos.
El alcalde de Jambrina ha mostrado igualmente su respaldo a los vecinos y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará acompañando a la asociación en los siguientes pasos. «A mí me han elegido para defender al pueblo y es lo que voy a defender. No dependo de la política, dependo del pueblo, vivo en mi pueblo y voy a defenderlo hasta lo último», ha manifestado.
El regidor ha confirmado además que el Ayuntamiento está dispuesto a respaldar la batalla judicial dentro de sus posibilidades económicas. «Si tenemos que ir vía judicial, vamos a ir. El Ayuntamiento va a apoyar a nivel de lo que pueda, porque es un Ayuntamiento pequeño y económicamente no podemos, pero vamos a apoyar todo lo que se pueda. No nos vamos a echar para atrás».
Entre sus mayores preocupaciones aparece la cercanía de las instalaciones al núcleo urbano y al abastecimiento de agua. «Está a 1.500 metros. Si me contaminan el agua, mi pueblo se va a morir», ha advertido, insistiendo en que los efectos de una instalación situada administrativamente en otro término municipal podrían sentirse directamente en Jambrina: «Sí, es término de Peleas, pero está a 1.500 metros. Se nos mete en casa».
La concentración ha reunido a representantes de la plataforma de Jambrina, la plataforma de Alfoz de Toro y la Asociación Pueblos Sanos. Los colectivos mantienen así abierta una movilización que ya ha pasado de las alegaciones administrativas a los tribunales y que, según han advertido sus representantes, continuará mientras sigan adelante los proyectos que consideran perjudiciales para el futuro de sus pueblos.
