Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Castilla y León, convocadas por CCOO y UGT, se han concentrado este miércoles, 9 de julio, frente al Ayuntamiento de Zamora, y después frente a la Diputación. Lo han hecho en protesta por la no consecución de un acuerdo en la negociación del convenio colectivo del sector. Esto llega, dicen, después de agotar todas las vías para alcanzar un posible acuerdo en el citado convenio.
Alegan que el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es un servicio social público, catalogado como prioritario en la ley de Dependencia, así como en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. Sin embargo, afirman, las instituciones han relegado este servicio a un estado residual, externalizado y gestionado por empresas privadas, las cuales priman sus beneficios económicos a la calidad y objeto del servicio, pues sus márgenes empresariales son siempre a costa del trabajo de las auxiliares sin la garantía de los derechos laborales.
Para ellas, las consecuencias negativas de esto empiezan por no garantizar el servicio ni la cobertura necesaria a las personas que lo precisan. Además, el número de horas recortadas sólo permite otorgar servicios de 30 minutos en el día a día, y las propias instituciones aconsejan hacer uso de las prestaciones “vinculadas, donde no se garantiza el cuidado profesionalizado y controlado de los dependientes, creando una bolsa de economía sumergida.
En el plano laboral remarcan que las personas que llevan prestando el servicio las últimas décadas no tienen garantizado el empleo. El recorte de horas ha supuesto Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), camuflados con despidos, reducciones de jornadas, “flexibilización” horaria… Así, piden para el nuevo convenio colectivo una recuperación de derechos laborales, como la subida salarial de un 2% desde enero o el reconocimiento del 100% de las horas de trabajo, contando con los traslados de un hogar a otro.
Dicen estar, tras año y medio de negociación con las asociaciones empresariales, en el mismo punto de partida, debido “al desinterés de la Gerencia de Servicios Sociales, la irresponsabilidad de los entes locales y la voracidad empresarial de quienes gestionan el servicio de ayuda a domicilio”. Las empresas mayoritarias que se sientan en la mesa de negociación (CLECE, VALORIZA, SERALIA, AZVASE) son las mismas que hoy “les ofrecen limosnas” para valorar su trabajo. La mayoría de las trabajadoras no llegan a los 400€, y son pocas las trabajadoras que tienen jornada completa de 36 horas -con un salario estipulado en 873€-. Así, comentan, las empresas gestoras del servicio disponen de 5.300 trabajadoras a demanda sin derechos para prestar un servicio a 22.278 personas.
Así, al final de su manifiesto afirman que continuarán la lucha hasta conseguir las condiciones que merecen.
