El Obispado asegura que tuvo conocimiento de un posible caso de abusos sexuales a menores el 10 de septiembre de 2025 y defiende que activó entonces una investigación previa y sus protocolos de protección
La Diócesis de Zamora ha defendido este martes que actuó con rapidez desde el momento en que tuvo conocimiento de un posible caso de abusos sexuales a menores y ha rechazado que conociera los hechos desde 2023 o que las actuaciones se prolongaran durante dos años antes de poner la situación en conocimiento de la Fiscalía.
Durante una comparecencia celebrada en el Obispado, los responsables diocesanos situaron en el 10 de septiembre de 2025 la fecha en la que recibieron la primera información sobre un posible problema de abusos. A partir de ese momento, según explicaron, se contactó con las posibles víctimas, algunas de las cuales manifestaron su disposición a declarar y presentar denuncia, mientras que otras decidieron no hacerlo.
La Diócesis señaló que posteriormente se abrió una investigación previa para determinar la existencia de indicios y se estableció contacto con la Fiscalía. El expediente fue remitido además al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que, según explicó el Obispado, respondió en un plazo inferior a un mes después del desplazamiento a Roma del obispo, Fernando Valera. La Diócesis asegura que posteriormente se mantuvo una comunicación rápida con la Fiscalía de Menores y la Fiscalía General hasta formalizar la denuncia siguiendo sus indicaciones.
Los responsables diocesanos insistieron en que debe mantenerse en todo momento la presunción de inocencia, al no existir todavía una sentencia judicial. Explicaron además que las medidas canónicas definitivas quedarán condicionadas al resultado del procedimiento civil, mientras que durante la investigación se adoptaron medidas cautelares respecto al sacerdote.
En este sentido, precisaron que, aunque el decreto de medidas cautelares oficiales se firmó en abril de 2026, desde los primeros momentos se habrían aplicado también restricciones de carácter verbal al sacerdote como medida de prudencia institucional. Según la explicación ofrecida, estas actuaciones se desarrollaron mientras avanzaban la investigación previa y posteriormente las diligencias judiciales.
La Diócesis cifró en dos las presuntas víctimas relacionadas con el caso y aseguró que el objetivo ha sido proteger tanto a quienes han denunciado como al sacerdote investigado, evitando perjudicar a ninguna de las partes mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
Junto a la actuación concreta en este caso, el Obispado reivindicó el trabajo preventivo desarrollado durante los últimos años. Según explicó, la Diócesis mantiene programas de prevención y formación dirigidos a sacerdotes, monitores de campamentos, catequistas y educadores, y en octubre de 2025 recibió formación específica sobre prevención de abusos por parte del responsable de la Conferencia Episcopal en esta materia.
La Diócesis reconoció, no obstante, que se trata de una situación «dolorosa» y «difícil» y reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y colaborar con los procedimientos establecidos.
