Advierten de la falta de vivienda, servicios e infraestructuras para acoger a las familias a partir de 2027
El portavoz de Ahora Decide, Manuel Fuentes, ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) para analizar la situación ante el anunciado despliegue de unos 1.300 militares en el campamento de Monte Larreina a partir de 2027. Fuentes ha calificado de “razonables” las propuestas trasladadas por la asociación, especialmente en defensa de los militares de base, cuyos salarios se sitúan en niveles próximos al salario mínimo interprofesional.
Fuentes ha centrado su intervención en dos cuestiones clave para la provincia: la lucha contra la despoblación y la necesidad de planificación previa para garantizar servicios básicos. Ha recordado que, pese al anuncio realizado hace años por el Gobierno central, no existe preparación suficiente para acoger a las familias de los militares en Zamora, Toro o el alfoz toresano. En este sentido, ha advertido de la falta de vivienda asequible —con alquileres por encima de los 700 euros en Zamora y entre 500 y 600 euros en Toro—, así como de la escasa promoción pública en los últimos años.
El portavoz ha señalado que la provincia necesitaría al menos un millar de viviendas a precios accesibles, además de refuerzo en escuelas infantiles, plazas educativas y transporte público entre Zamora, Toro y la zona de Montelarreina. También ha reclamado la mejora de infraestructuras viarias como la N-122 y la conexión directa desde la autovía al campamento. “No se puede esperar a que lleguen las familias para empezar a actuar”, ha subrayado, instando a la coordinación entre el Ministerio de Defensa, la Junta de Castilla y León, la Diputación y los ayuntamientos afectados.
El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez, agradeció la oportunidad de trasladar públicamente la situación que atraviesan los militares. Ha explicado que un soldado o marinero percibe actualmente 1.326,90 euros netos mensuales, una cantidad que, a su juicio, dificulta el acceso a vivienda y servicios en las condiciones actuales del mercado. Gómez ha advertido de que el despliegue no afecta solo a los 1.300 efectivos previstos, sino también a sus familias, y ha reclamado anticipación para evitar problemas sociales y económicos cuando se materialice el traslado.
Desde la asociación han denunciado la falta de respuesta del Ministerio de Defensa ante las consultas realizadas sobre infraestructuras, alojamientos y servicios complementarios. Gómez ha señalado que muchos destinos podrían cubrirse de forma forzosa si no resultan atractivos, lo que generaría rotaciones continuas y dificultades de estabilidad. “Somos servidores públicos y cumplimos órdenes, pero alguien debe preocuparse por nuestras familias”, ha afirmado, reclamando diálogo institucional y planificación integral para que la implantación de Montelarreina contribuya realmente al desarrollo y fijación de población en la provincia.
