El organismo fiscalizador detecta un bajo nivel de madurez tecnológica y propone diez medidas para reforzar la protección de datos y sistemas informáticos
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha instado al Ayuntamiento de Zamora a reforzar su seguridad informática mediante la implantación de medidas tecnológicas y organizativas que permitan corregir las deficiencias detectadas en materia de ciberseguridad.
Así se recoge en el informe de fiscalización aprobado por el organismo y remitido a las Cortes de Castilla y León, que analiza la situación del Consistorio durante el ejercicio 2025. El documento concluye que el Ayuntamiento presenta un nivel de madurez en ciberseguridad bajo, situado en el nivel 1, con un índice global de cumplimiento del 45%.
Entre las principales carencias identificadas figuran la ausencia de un plan de adaptación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la falta de una política de seguridad formalmente aprobada y la inexistencia de órganos o estructuras específicas encargadas de coordinar la protección de los sistemas informáticos municipales.
Según el Consejo de Cuentas, estas deficiencias dificultan la implantación de un modelo de gobernanza eficaz para garantizar la seguridad de la información y la protección de los datos gestionados por la administración local.
Para revertir esta situación, el órgano fiscalizador plantea diez recomendaciones. Entre ellas destacan la elaboración de una estrategia tecnológica a largo plazo, el refuerzo de los recursos humanos y técnicos del área de informática, la cobertura de puestos especializados y la designación de un responsable de seguridad.
El informe también incide en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente del Esquema Nacional de Seguridad y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Asimismo, recomienda la realización periódica de auditorías y autoevaluaciones para verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas, así como la utilización de las herramientas y guías desarrolladas por organismos especializados como el Centro Criptológico Nacional, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Agencia Española de Protección de Datos.
Esta fiscalización forma parte del programa de control que el Consejo de Cuentas viene desarrollando desde 2022 en las capitales de provincia de Castilla y León, tras haber analizado previamente la situación de municipios de tamaño intermedio.
