Una petición ciudadana suma ya cientos de apoyos exigiendo penas proporcionales y antecedentes penales para menores que cometan delitos de especial gravedad como el asesinato
La sociedad civil ha vuelto a alzar la voz para exigir una revisión profunda de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Bajo el impulso de la Fundación Leticia Rosino, una nueva oleada de firmas —con registros constantes cada hora de ciudadanos de toda la geografía española— reclama que el sistema legal deje de ofrecer una «impunidad de facto» en casos de crímenes violentos. La iniciativa surge como respuesta directa al asesinato de Leticia Rosino el 3 de mayo de 2018 en Castrogonzalo, un suceso que conmocionó al país y que hoy, ocho años después, vuelve al primer plano de la actualidad ante la inminente libertad del autor del crimen.
El núcleo del conflicto reside en la disparidad entre la gravedad del acto cometido y la respuesta punitiva del Estado. El asesino de Leticia, que era menor de edad en el momento de los hechos, fue condenado a ocho años de internamiento, el máximo contemplado entonces para su tramo de edad. La indignación social se acentúa al cumplirse el calendario judicial: en este 2026, el sujeto quedará en libertad plena y, lo que resulta más polémico para los impulsores de la reforma, sin antecedentes penales en su historial de adulto. Esta «hoja en blanco» es vista por la Fundación y sus simpatizantes como una desprotección sistemática para la sociedad y un agravio comparativo para la memoria de las víctimas.
Desde la Fundación Leticia Rosino se argumenta que, si bien el espíritu de la ley debe ser la reeducación y la reinserción social, este objetivo no debe anular la necesidad de una justicia proporcional. La propuesta de reforma busca que, ante delitos de sangre o de extrema gravedad, la ley contemple medidas más severas que garanticen que el castigo sea acorde al daño causado. Además, insisten en la importancia de que los antecedentes penales no desaparezcan automáticamente al alcanzar la mayoría de edad, permitiendo así que las fuerzas de seguridad y la justicia tengan constancia de la peligrosidad potencial del individuo en el futuro.
El goteo de firmas en las últimas horas, con nombres como Vanesa Arias, Ana María Rodríguez o Plácido Poza encabezando las listas más recientes, refleja un sentimiento de urgencia. Los firmantes coinciden en que el marco legal actual presenta deficiencias graves que dejan a las familias en una situación de vulnerabilidad extrema. Con esta movilización, la Fundación no solo busca honrar la memoria de la joven zamorana, sino también forzar un debate legislativo en el Congreso que culmine en una modificación del Código Penal y de la Ley del Menor para evitar que otros crímenes atroces se salden con condenas que la opinión pública califica de «insuficientes».
