Carlos Pollán carga duramente contra la política migratoria del Ejecutivo central, al que acusa de actuar «como una mafia», y defiende las victorias judiciales obtenidas por la comunidad frente al traspaso arbitrario de menores no acompañados
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha mantenido una postura frontal contra la gestión migratoria del Gobierno central. Cuestionado sobre la posibilidad de desarrollar el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería para impulsar acuerdos bilaterales con países de origen que permitan el retorno de los menores extranjeros no acompañados, Pollán ha ratificado la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico: «La Junta de Castilla y León se va a oponer por todos los medios políticos, legales y jurídicos al reparto de la inmigración ilegal por parte del gobierno de Pedro Sánchez».
El consejero ha recordado que este compromiso forma parte del pacto de gobierno regional y ha asegurado que se cumplirá «con todas sus consecuencias». En este sentido, ha confirmado que ya se está trabajando en la vía legal prevista en la normativa: «Una de las posibilidades es explorar la competencia que la ley de extranjería da a las comunidades autónomas que es la aplicación de ese artículo 35.2 de llegar a acuerdos con países de origen para la devolución de esos menores a sus países». No obstante, ha matizado que, aunque se está explorando y trabajando en ello, «no vamos a dar datos hasta que no se puedan concretar».
En un tono muy crítico, Pollán ha denunciado la situación de desventaja institucional en la que, a su juicio, se encuentra el gobierno autonómico frente al Estado. «Sabemos que estamos peleando en desigualdad de fuerzas. Estamos peleando desde el gobierno de la Junta de Castilla y León contra lo que se ha convertido en una mafia que es el gobierno de Pedro Sánchez con la connivencia del Reino de Marruecos, el país invasor de la frontera española, en el caso de Ceuta», ha manifestado.
Pese a las dificultades, el vicepresidente ha sacado a relucir el aval de los tribunales como prueba de que la estrategia jurídica está dando frutos. Según ha detallado, Castilla y León ya cuenta con «nueve recursos contenciosos administrativos en los que se nos ha dado la razón… en ese reparto arbitrario y sin que el gobierno de España haya cumplido con sus competencias absolutas en materia de extranjería». Para Pollán, lo que no puede pretender el Estado es eludir sus responsabilidades y «repartir un problema para que carguen las comunidades autónomas por él».
Finalmente, ha comparado esta situación con la de otras regiones como Aragón —donde los tribunales habrían dado la razón al gobierno autonómico en 17 ocasiones—, recordando que estas sentencias de nulidad persiguen que el Ejecutivo central asuma la legalidad nacional e internacional bajo el principio del interés superior del menor, el cual establece que «los menores tienen que estar con sus familias y si no con la entidad tutelar del Reino de Marruecos o del país que sea de origen».
