La presidenta del Colegio de Veterinarios denuncia que el decreto se impuso sin contar con el sector y limita el criterio profesional con sanciones desproporcionadas
Los veterinarios de Zamora han salido este martes a la calle para protestar frente a la Subdelegación del Gobierno contra el Real Decreto 666/2023, que regula el uso de medicamentos veterinarios. La presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno, ha sido tajante: “Este Real Decreto se realizó sin contar con nuestra presencia. Si va a hablar sobre medicamentos veterinarios, ¿cómo es posible que no consulte a los propios veterinarios?”.
La protesta, respaldada por el colectivo a nivel nacional, denuncia que desde el pasado 2 de enero se obliga a los clínicos de pequeños animales a registrar todas las prescripciones antibióticas en la plataforma estatal PresVet, “una herramienta que no está adaptada a la realidad clínica de animales como canarios, conejos, iguanas o hurones”, explicó Laguno.
Uno de los puntos más conflictivos del decreto es la obligación de seguir una escala de uso de antibióticos que arranca por los de tipo D, pasando por C y B, y exigiendo antibiogramas para avanzar de nivel. “Un antibiograma puede tardar entre siete y quince días. En ese tiempo, el animal puede morir. Se nos impone un protocolo que nos coacciona y no respeta nuestro criterio científico”, advirtió la presidenta.
Laguno criticó también las sanciones contempladas por errores en el sistema: “Un fallo leve puede acabar en sanciones de hasta 1.200.000 euros si se repiten durante el año. Es una presión inaceptable”. Aunque el Ministerio ha suavizado parte del régimen sancionador tras las protestas, los profesionales consideran que el problema de fondo persiste.
A nivel práctico, los veterinarios alertan de problemas de suministro y exceso de medicamentos en los hogares. “Se prescribe amoxicilina, pero no hay stock. O se prescribe doxiciclina y el tutor del animal se lleva una caja de 100 comprimidos cuando solo necesita 14. ¿Qué pasa con el resto? Si el objetivo es evitar resistencias antimicrobianas, no sabemos qué hará el tutor con ese excedente”, cuestionó Laguno.
Durante su intervención, subrayó el conocimiento específico del sector para diferenciar tratamientos en función de especie y patología. “Un sedante que vale para un perro puede matar a un caballo. Una pipeta antiparasitaria útil para perros puede intoxicar a un gato. Por eso exigimos que se respete nuestro criterio profesional y nuestra formación”.
Por último, insistió en que los veterinarios “son los primeros interesados en evitar resistencias antibacterianas”, pero piden hacerlo “desde el rigor científico y no desde la imposición administrativa”. La presidenta recordó que el sector ya trasladó alegaciones al Ministerio cuando se conoció el borrador del decreto, pero nunca fueron tenidas en cuenta. Ahora, piden al Gobierno central que escuche a los profesionales y rectifique.
