Los regionalistas exigen explicaciones ante una política de vivienda que, a juicio de UPL, convierte los anuncios en titulares y deja las inversiones sin ejecutar
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado en las Cortes de Castilla y León una iniciativa para exigir explicaciones a la Junta por la escasa ejecución de los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas para alquiler social en Zamora y por la presentación de un protocolo con la Diputación Provincial que, en el momento de su firma, no contaba con ninguna dotación presupuestaria.
El procurador de UPL y portavoz del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos Reyero, reclama al Gobierno autonómico que explique cómo pretende ampliar la oferta de vivienda en alquiler en Zamora cuando los datos de ejecución de sus propios presupuestos evidencian que una parte muy importante de los fondos anunciados ni siquiera llega a ejecutarse.
La contradicción resulta especialmente evidente en el protocolo firmado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, para promover la rehabilitación de viviendas privadas destinadas al alquiler asequible.
Durante la presentación del acuerdo, el propio consejero reconoció que el protocolo tenía «carácter declarativo» y no disponía todavía de presupuesto asignado. El objetivo anunciado era sentar las bases para una futura línea de ayudas destinada a movilizar viviendas vacías o infrautilizadas.
Para UPL, la situación plantea una cuestión difícil de entender: ¿cómo pretende la Junta solucionar el problema de la vivienda mediante un protocolo que, cuando se presenta públicamente, no lleva aparejado presupuesto?
«No se puede combatir el problema de la vivienda con fotografías, titulares y protocolos declarativos. Para rehabilitar viviendas hacen falta recursos, convocatorias y ayudas que lleguen a los propietarios y a los ciudadanos», señala Santos Reyero.
Pero la situación resulta todavía más difícil de justificar cuando se observa lo ocurrido con los fondos que la Junta ya tenía comprometidos.
Según los datos recogidos en el Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, durante 2025 solo se ejecutaron en la provincia de Zamora 87.022 euros de los 524.143 euros previstos para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social en el marco del Fondo de Cohesión Territorial. Es decir, apenas un 17% de lo anunciado, quedando sin ejecutar más de 437.000 euros.
«La Junta primero promete, después ejecuta una mínima parte y, cuando llega el momento de dar explicaciones, presenta un nuevo protocolo sin presupuesto. Esto no es una política de vivienda; es política de escaparate», denuncia el procurador regionalista.
UPL considera especialmente grave que esta situación se produzca en Zamora, donde la falta de vivienda disponible y los precios del alquiler constituyen un obstáculo para la llegada y permanencia de trabajadores, jóvenes y familias, especialmente en el medio rural.
La formación leonesista recuerda que la propia Junta ha defendido que la rehabilitación de viviendas vacías debe servir para incrementar el parque de alquiler asequible y favorecer la fijación de población. Sin embargo, a juicio de UPL, los hechos vuelven a demostrar la distancia entre los anuncios de la Administración autonómica y su capacidad real para ejecutar las partidas que presupuesta.
De hecho, la Junta ha anunciado posteriormente que el programa de rehabilitación de vivienda privada se desarrollará mediante un convenio piloto con la Diputación de Zamora, con una aportación prevista de 600.000 euros por cada administración durante cuatro años.
Ante esta situación, Santos Reyero exige a la Junta que explique qué valoración hace de la escasa ejecución de los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas para alquiler social en Zamora y cómo pretende cumplir su objetivo de incrementar la oferta de alquiler mediante un protocolo que inicialmente carecía de financiación y que el propio consejero calificó de carácter declarativo.
«Zamora no necesita más fotos de responsables políticos firmando documentos. Necesita viviendas rehabilitadas, ayudas concretas y dinero ejecutado. Lo demás es papel y propaganda», concluye Santos Reyero.
